Si fuera una revuelta o protesta policial estaríamos hablando de un “autoacuartelamiento”. Pero hablamos del INTA (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria), que no tiene nada que ver con las fuerzas de seguridad sino con el sistema científico técnico. Y hablamos de investigadores y de extensionistas. A ellos se dirigieron varios ex presidentes e importantes directivos de la institución para pedirles que sean “custodios de la trayectoria de nuestra institución” frente a un nuevo proceso de ajuste y achicamiento que, creen los firmantes, socava las razones de ser del propio INTA como política de Estado.
“Convocamos e instamos a la acción de todos los estamentos de conducción institucional (consejo directivo, consejos de centros regionales y de investigación, y consejos asesores), incluyendo los niveles de dirección y coordinación internos; así como a las autoridades de la Secretaría de Agroindustria y a los legisladores del Congreso de la Nación, a ser custodios de la trayectoria histórica de nuestra institución y de la lógica colectiva de su transformación presente y futura, porque en última instancia todos somos partícipes y corresponsables del INTA que queremos y de sus aportes al desarrollo nacional, regional y territorial”, dice una suerte de proclama que advierte sobre el proceso actual que se vive dentro de ese organismo.
Las firmas están en orden alfabético, pero hay entre ellas varias de significación para la vida reciente de ese organismo. Firma el ex ministro de Agroindustria de la Nación y ex titular del INTA, Carlos Casamiquela, además de varios de quienes tuvieron a su cargo o bien la presidencia o bien la dirección nacional de ese organismo descentralizado, como Jorge Amaya, Roberto Bocchetto, Carlos Cheppi, Oscar Costamagna, Néstor Oliveri, Carlos Paz y Carlos Torres.
También se alzan en protesta muchos otros reconocidos técnicos que ocuparon posiciones importantes en el INTA central y sus estaciones experimentales, como Carlos Alemany, Ana Cipolla, Roberto Cittadini, Julio Elverdin, Celso Giraudo (EEA Bariloche), Rolando Hernández (Centro Regional Buenos Aires Norte), Luis Iannamico (EEA Alto Valle), Carlos Lloyd (EEA Esquel), Juan Manchado (EEA Balcarce), Carlos Martínez Carlos, Rubén Micci (EEA Trelew y Bordenave), Daniel Miñon (Centro Regional Patagonia Norte), Juan Nocetti, Tomás Schlichter y Emilio Severina (Centro Regional Córdoba).
En un comunicado, los ex INTA se quejan de que “el sector de ciencia y tecnología e instituciones públicas afines comprometidas directamente con la generación de conocimiento están sufriendo ajustes presupuestarios y modificaciones estructurales que debilitan y comprometen su aporte futuro al desarrollo nacional, regional y territorial”.
“El caso del INTA nos ha llevado a un grupo de profesionales conocedores de sus inicios y participes de su vida diaria a expresar públicamente la necesidad de su revalorización, cuando vemos que se desvirtúa el proceso de planificación y transformación que fue adecuando su misión, estrategia y sentido histórico”.
El actual presidente del INTA, Juan Balbín, acompañado por el Consejo Directivo de la institución (en el cual tienen representantes las entidades de productores y algunas universidades), dispuso días atrás el cierre de varios estaciones de extensión y de buena parte de los IPAF (institutos específicos de la agricultura familiar). Y aunque ha evitado los despidos de personal en el organismo, es visible en los últimos meses el fuerte recorte del presupuesto, que pone en jaque la mayor parte de las investigaciones que se llevan a cabo. A la par, Balbín se ha propuesto replantear muchos de los objetivos del INTA, al impulsar nuevos ejes programáticos.
Los ex directivos del organismo, muchos ellos vinculados a los años de gestión del kirchnerismo, rescatan en el documento la actuación histórica del INTA y sus logros en materia de investigación y extensionismo rural. Pero también advierte que hubo varias etapas negras en su historia, como “durante el gobierno militar del 1976-83” y la “crisis que se inicia a principio de los 90 y se agrava entre 1998 y 2001”. En esas etapas, dicen los firmantes, el INTA padeció “restricciones conceptuales, de visión y operativas, como también, el desfinanciamiento de las actividades estratégicas de la institución”.
“Actualmente la falta de presupuesto, las reducciones de beneficios en el escalafón, la deslocalización del ámbito de trabajo de la agricultura familiar, el cierre de agencias de extensión, y la supresión/fragmentación de áreas de las ciencias sociales, sin la debida consulta a los estamentos político-institucionales, abren nuevos interrogantes sobre retrocesos y condicionamientos a la trayectoria colectiva, social y político-institucional del INTA”, advierten luego los ex directivos, comparando aquellos tiempos grises con el actual período de gestión del gobierno de Cambiemos.
“Estos momentos de crisis sólo han servido para debilitar al INTA como política de Estado. Se confunden y/o desvirtúan las funciones de decisión transformándose en procesos de intervención priorizando las políticas de ajuste y achicamiento sobre las políticas de Estado que deben fundamentar el largo plazo”, argumentaron en el documento.
Fuente: Bichos de Campo
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