Desde la Secretaría de Agricultura y Ganadería de la Provincia se gestiona una prórroga de los plazos establecidos para cumplir con las tareas previstas en el Plan para la Erradicación de la Brucelosis Bovina que lleva adelante el Senasa en Entre Ríos.

La resolución 77/21 del organismo federal establece que las labores se concreten hasta el 30 de noviembre del 2021 y; de acuerdo a la nota firmada por el director General de Producción Animal, Exequiel Alvarenque; en la provincia de Entre Ríos se presentan una gran proporción de pequeños productores; 25.000 sobre un total de 32.000 en el estrato menor de 300 vacas, por lo cual aparecen dificultades de logística y tiempos para cumplir en tiempo y forma. Por tal razón el funcionario propone extender 90 días el plazo actual, es decir hasta el 1 de marzo.

Alvarenque puso en valor que el gobierno entrerriano participa del Programa que lleva adelante Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) para los productores inscriptos en el Registro Nacional de Agricultura Familiar brindando el servicio de laboratorio para el procesamiento de las muestras de sangre asumiendo los costos, en su totalidad.

En consecuencia, el funcionario destacó “la importancia de contar con mejores plazos para diagramar acciones en el territorio fruto del consenso en la Comisión Provincial de Sanidad Animal”.

La Determinación Obligatoria del Estatus Sanitario (DOES) de los rodeos bovinos propone combatir la brucelosis, una de las principales enfermedades de la ganadería nacional, con alto impacto en los índices productivos, el comercio y la salud pública. De acuerdo al plan nacional, los establecimientos ganaderos que no hayan presentado la DOES ante el Senasa, movilizarán su hacienda con destino a faena o remates feria con la leyenda “no Apto China”, hasta tanto cumplan con esta determinación obligatoria.

El avance en el proceso de identificación de rodeos infectados y la eliminación de los animales positivos, permitirá reducir la presencia de la brucelosis bovina en el país, las pérdidas económicas asociadas y, sobre todo, contribuir al resguardo de la salud pública por tratarse de una enfermedad transmisible a las personas.