Los popes de las denominadas cuatro cadenas granarias argentinas, -soja, maíz, girasol y trigo-, hicieron pública su voz crítica en torno a las medidas del gobierno nacional en torno al mercado internacional de granos y carnes.

Sin vueltas, en un tramo del texto dejan saber: “La publicación en el boletín oficial de la resolución 60/2021 del Ministerio de Agricultura Ganadería y Pesca, tiene mucha similitud con las resoluciones que crearon los Registros de Operaciones de Exportación en 2008. Con la experiencia vivida en el pasado, estamos convencidos de que la reaparición de estos controles redundantes y burocráticos al comercio agropecuario, solo generarán la caída de la producción y el arribo de operaciones encubiertas, tal como sucedió con las producciones de trigo, maíz y carnes”.

Luis Zubizarreta, de AcSoja, Miguel Cané, de Argentrigo, Juan Martín Salas, de Asagir y Alberto Morelli, de Maizar firmaron que “las causas de una constante y creciente inflación no se soluciona implantando controles de la producción y acotando la exportación, porque sus orígenes debemos buscarlos en el excesivo gasto público improductivo, en el déficit fiscal y en la elevada emisión de moneda. Es inquietante e injustificado que la acusación recaiga siempre sobre el sector productivo convirtiéndolo en chivo expiatorio de otras prácticas que colaboran a ese proceso y al aumento de precios”.

Y para rematar sentencian: “El camino para salir de la presente crisis es incrementando la producción, generando trabajo, con nuevas inversiones y con la exportación de productos, a un mundo ávido de alimentos”.

Por su parte, la comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias pidió audiencia con los ministros de Agricultura, Ganadería y Pesca, Luis Basterra; de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas; y de Economía y Hacienda, Martín Guzmán; para tratar los anuncios referidos a restricciones, nuevos registros y permisos que serían impuestos a la exportación.

Enumeraron que tras la imposición del registro en 2008, el precio de la carne subió muy por encima de la inflación y se cerraron más de 100 plantas frigoríficos, con la consecuente pérdida de miles de empleos. Además de no cumplirse el objetivo de reducción de precios, el consumo se redujo 10%.