El gobierno nacional declarará en los próximos días –quizás la semana entrante– la emergencia nacional agropecuaria en casi todo el país, algo que reclaman cada vez más gobernadores, tanto aliados como opositores, que presionaron en ese sentido ante el panorama devastador que presentan sus provincias por la fuerte sequía.

El Ministerio de la Producción, que conduce Débora Giorgi, aprobará las resoluciones que refieren el estado de emergencia en 15 provincias: Buenos Aires; Córdoba; Río Negro; La Pampa; Santa Fe; Entre Ríos; Corrientes; Chaco; Santiago del Estero; Formosa; Chubut; Salta; San Juan; Neuquén y Tucumán, confirmaron a El Cronista voceros de esa cartera.

La mayoría de esos distritos ya declararon sendas emergencias provinciales para numerosos departamentos afectados por la escasez de lluvias. Eso implica la postergación del pago de impuestos provinciales, como el inmobiliario, y, en algunos casos, la asignación de recursos para los productores afectados. Ayer se sumó Chaco, cuyo gobernador, Jorge Capitanich, es un firme aliado del Gobierno. La emergencia nacional se extenderá por seis meses. Al ser alcanzados por una resolución de carácter nacional, los productores de las zonas damnificadas podrán aplazar el pago del impuesto a las Ganancias y a la Ganancia Mínima Presunta –que vence en febrero– hasta 90 días después de finalizada la emergencia. También se suspenderán las ejecuciones y los bancos públicos otorgarán créditos accesibles, según marca la ley 22.913.

El Gobierno reacciona así a un reclamo cada vez más fuerte de las provincias. Ayer, el secretario de Agricultura, Carlos Cheppi, se reunió con el ministro de la Producción santafesino, Juan José Bertero, a quien le aseguró que homologará la resolución de esa provincia, donde 15 de los 19 departamentos están en emergencia.“Fue una reunión muy positiva; ellos también están preocupados por la sequía y Cheppi me dijo que para homologar la emergencia sólo falta la firma del ministro del Interior (Florencio Randazzo)”, dijo Bertero al término del encuentro. La homologación necesita la firma de los ministros de Interior, Producción y Economía, Carlos Fernández.

Pero además de la declaración de emergencia nacional, las principales provincias mantienen su presión sobre la administración central en torno a la necesidad de bajar o directamente suspender las retenciones agropecuarias. En ese marco, ayer mientras Daniel Scioli recorría la cuenca del río Salado afectado por la sequía, su ministro de Asuntos Agrarios, Emilio Monzó, insistió con que se suspendan por seis meses las retenciones en la zona más afectada por la sequía.

Pero, de momento, los impuestos a las exportaciones siguen firmes. “Las retenciones no tienen nada que ver con esto. No tiene sentido pedir que se eliminen las retenciones por la sequía, porque no se generó ningún bien, no hay granos sembrados”, afirmaron desde el Gobierno, en un tiro por elevación tanto a la dirigencia rural como a los funcionarios oficialistas que pugnan por la baja o la eliminación de las alícuotas.

Al respecto, Cheppi dijo que el Gobierno “está trabajando” para paliar los efectos de la sequía, pero desestimó bajar retenciones. “Tampoco demos la sensación de que (el rural) es un sector quebrado, no es así. En los últimos años se ha ganado mucho dinero”, recordó. “No es sólo el sector del campo el que vive en la Argentina”, agregó.

La declaración de la emergencia agropecuaria nacional –o la homologación de los pedidos de las 15 provincias– podrían cambiar la relación ente el Gobierno y el campo, que ayer cortó la ruta 9 junto con trabajadores metalúrgicos (ver aparte). Ricardo Buryaile, vicepresidente de CRA, afirmó: “Es uno de los pedidos que realizó la mesa de enlace en la semana pasada. Que se declare la emergencia sería excelente, un giro de 180 grados” en la política agropecuaria.