Aseguran que pondrán $ 800 millones para socorrer a productores y avanzan con la emergencia nacional agropecuaria. Pero las bases presionan para volver a protestar.

Con la presidenta Cristina Fernández y el secretario de Agricultura, Carlos Cheppi, en La Habana, el Gobierno demora anuncios de ayuda para paliar la sequía y la declaración de la emergencia nacional en amplias zonas del país damnificadas, en momentos en que el ánimo belicoso de los productores federados y autoconvocados va en aumento y amenaza con romper la tregua apenas arranque febrero.

El Ejecutivo trabaja simultáneamente en dos aspectos. Un sector apura la tramitación de una partida especial de ayuda a pequeños y medianos productores de entre $ 600 y 800 millones, que se canalizará a través de gobernadores e intendentes.

La idea, fomentada desde la Jefatura de Gabinete y el Ministerio del Interior, apunta a ganar las simpatías de los productores locales en un año electoral, esquivando así a la combativa mesa de enlace nacional. Aunque persisten sospechas de cómo se aplicará el auxilio financiero en provincias gobernadas por dirigentes opositores, como el caso de Santa Fe, donde la sequía ya provocó la muerte de unas 300.000 cabezas de ganado entre mayo y enero, según fuentes oficiales. En ese caso, el dinero podría ir directamente a los intendentes, aunque el jueves Cheppi intentó tranquilizar al ministro de la Producción santafesino, Juan José Bertero.

Mientras, el Ministerio de la Producción avanza en la homologación de las declaraciones de emergencia agropecuaria en las 15 provincias afectadas por la sequía, tal como adelantó el viernes El Cronista. Esto implicaría el diferimiento del impuesto a las Ganancias y la asignación de créditos blandos de la banca pública, además de otras medidas de ayuda que disponga el Poder Ejecutivo, y es resistida por parte del Gobierno porque no todo el país sufre de igual forma la sequía.

Pero fuentes oficiales sostuvieron que difícilmente haya novedades al respecto antes del viernes, cuando la Presidenta regrese de su visita oficial a Cuba.

En tanto, los gobernadores avanzan con la estrategia oficial de que sean ellos las caras visibles del Estado al menos hasta la vuelta de Cristina.

Ayer, el mandatario entrerriano, Sergio Urribarri, se reunió con la comisión de enlace de provincial, con el combativo Alfredo De Ángeli incluido, y al término del encuentro declaró a Entre Ríos zona de “emergencia y/o desastre agropecuario” por 180 días, hasta junio.

En los considerandos del decreto, Urribarri estimó que el 89% de la producción de maíz de la provincia es afectada por la falta de lluvias y que es difícil estimar a la fecha las consecuencias para el resto de las actividades agrícola-ganaderas. Fiel al mandato kirchnerista, el mandatario defendió el accionar del gobierno central, al decir que actúa “como debe actuar en estas circunstancias” y, ante un reclamo de De Ángeli, descartó apoyar la moción de Buenos Aires de suspender por seis meses las retenciones. El mediático chacarero, en tanto, amenazó con volver a las rutas: “Las bases de productores quieren volver y nosotros los estamos conteniendo”, sostuvo.

Por su parte, el gobernador bonaerense, Daniel Scioli, insistió en que “esta vez, el campo tiene razón” y dijo que actúa conjuntamente con la Nación evaluando “caso por caso” la situación de los productores de su provincia. Y Hermes Binner, de Santa Fe, presionó a la Presidenta para que gire ayuda porque el panorama en su provincia “es muy preocupante”.

Según la consultora Artegran, la cosecha de soja será 3 millones de toneladas inferior a la de la campaña anterior y la del maíz caerá 45%, originando pérdidas al fisco por unos u$s 4.000 millones. Hasta el momento, se estima que se perdieron 600.000 cabezas de ganado.

Fuente: El Cronista Comercial