Como era de esperar, el Gobierno tardó poco en salir al cruce de las críticas que la decisión oficial de coparticipar los ingresos por las retenciones a la exportación de granos generó en el agro y en otros sectores, que vincularon la medida con la necesidad oficial de "presionar" a los gobernadores con miras a las elecciones.

También como es habitual en los últimos tiempos, el encargado de replicar a los cuestionamientos fue el ministro del Interior, Florencio Randazzo, que aprovechó para fustigar a los ruralistas por haber retomado las protestas en las rutas.

"No hay intencionalidad política en el anuncio. El problema es que le buscan la quinta pata al gato", se quejó el ministro en declaraciones radiales.

Por otra parte, Randazzo justificó que el anuncio presidencial haya estado rodeado por un clima de misterio y hermetismo que duró más de cinco horas y generó especulaciones de todo tipo. "Lo ameritaba por su importancia", aseguró.

En la misma línea, negó que se haya presionado a los gobernadores, intendentes y sindicalistas para asistir al acto en Olivos. "No era obligatorio que vinieran. No tomamos lista".

Hacia el final, llegaron las críticas a los productores por haber vuelto a protestar con cortes de ruta en distintos puntos del interior. "Apelan a un mecanismo de extorsión", lanzó.

Se publicó el decreto

La modificación en la distribución de los recursos que el Estado percibe por las retenciones a la exportación de granos que anunció ayer el Gobierno quedó oficializada hoy a través de la publicación de un decreto en el Boletín Oficial, que aún debe ser ratificada por el Congreso.

El decreto crea el Fondo Federal Solidario y establece que el 30 por ciento de los ingresos por la venta de granos al exterior será coparticipado a las provincias, que a su vez deberán repartir el 30% de lo que reciban hacia los municipios.

Además, precisa que la finalidad de la medida es "financiar obras que contribuyan a la

mejora de la infraestructura sanitaria, educativa, hospitalaria, de vivienda o vial en ámbitos urbanos o rurales" y fija la "expresa prohibición" de esos fondos al financiamiento de gastos corrientes.

Respecto de las transferencias, precisa que se harán de manera automática y a diario entre las provincias y el Banco Nación. Indica además que la distribución según el esquema de 70 por ciento para la Nación y 30 por ciento para las provincias comenzará el 1 º de abril próximo.

Los fundamentos del decreto son un reflejo fiel de los argumentos que suele exponer Cristina Kirchner cuando se refiere a la crisis económica global y su impacto en la Argentina.

El decreto alude a que "en el orden internacional se desploman los mercados y sistemas financieros, propagando una crisis de inusitadas características, de cuya extensión y profundidad todavía no se percibe la verdadera magnitud" por lo que "resulta necesaria una fuerte gestión estatal activa para la defensa de los puestos de trabajo recuperados y creados, la custodia del ahorro y el incremento de la inversión nacional".