La denuncia judicial iniciada ante la justicia federal de San Nicolás por la abogada Sabrina Ortíz y las llamadas “Madres de Barrios Fumigados de Pergamino” generó esta semana un hecho histórico: por primera vez la justicia procesó a tres productores agropecuarios de la Provincia de Buenos Aires por aplicar agroquímicos poniendo en riesgo la salud de las personas de los periurbanos de aquella ciudad icónica de la agricultura argentina.

En efecto, este miércoles fueron procesados tres de los cuatro productores agropecuarios imputados por el juez federal Carlos Villafuerte Ruzo en esa causa. Se les impuso además un embargo millonario sobre sus bienes.

Según información publicada por el diario La Capital de Rosario, la medida fue dispuesta por el magistrado por considerar en primera instancia a los productores como “coautores penalmente responsables del delito de contaminación del ambiente en general, de un modo peligroso para la salud, mediante la utilización de residuos calificados peligrosos (agrotóxicos)”.

El juzgado Federal de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional 2 de San Nicolás dispuso el procesamiento, sin prisión preventiva, de tres productores imputados en la causa caratulada “Sobre Infracción al artículo Nº 55 de la ley Nº 24051 y 200 del Código Penal”. Asimismo determinó el embargo de sus bienes por 3 millones de pesos para cada uno de ellos, fijado en forma provisional para el pago de costas, la pena pecuniaria y efectividad de su responsabilidad civil. Además dictó la falta de mérito respecto de un cuarto imputado.

Para la semana que viene, por otro lado, Villafuerte Ruzo dispuso la indagatoria del jefe y subjefe de la Dirección de Ambiente Rural de la Municipalidad de Pergamino, el área encargada del control de las fumigaciones. Ante esta citación, el intendente Javier Martínez decidió separar a los funcionarios de sus cargos y habría negado la colaboración municipal en el asesoramiento jurídico del veterinario y el ingeniero agrónomo llamados a indagatoria.

En esta causa han pasado otras cosas. A principios de octubre Villafuerte Ruzo ordenó que se fijara un límite restrictivo y de exclusión total para aplicaciones de agroquímicos de 1.095 metros para las pulverizaciones terrestres y de 3.000 mil metros para las aéreas en torno a toda la ciudad de Pergamino. De esta manera, la Justicia Federal amplió una medida anterior que sólo protegía a tres barrios de la ciudad.

El procesamiento de los productores partió del pedido del fiscal federal Matías Di Lello, quien había solicitado a Villafuerte Ruzo que investigue si había propietarios de campos que estaban en la zona de exclusión que, junto con los funcionarios municipales y el intendente, habían incurrido en el delito de desobediencia.

En su argumentación, Di Lello indicó que posteriormente a que el Juzgado Federal dictó la suspensión parcial de las aplicaciones de plaguicidas, herbicidas, insecticidas y cualquier otro paquete de agroquímicos en la zona crítica de Pergamino, en el campo de uno de los imputados se habría realizado una pulverización con glifosato y dicamba, desoyendo la resolución judicial.

El caso de Pergamino es el primero en el país en el que la Justicia Federal intervino por la contaminación de agroquímicos e impuso límites a su utilización en zonas periurbanas. “En general, hay numerosos casos en el país en los que tomó cartas en el asunto cada sistema judicial provincial, pero nunca había participado la Justicia federal”, explicó el abogado Fernando Cabaleiro a La Capital.

“Se trata de un hito trascedental de la lucha judicial de los pueblos fumigados de la provincia de Buenos Aires y del país, es la primera vez que se logra procesar a productores agroindustriales, que violando normas de protección aplican agrotóxicos a metros de las viviendas de vecinos y vecinas. Los agrotóxicos son venenos pueden producir cáncer, daño genético, afectar el sistema hormonal y nervioso humano, no se biodegradan y contaminan el agua de consumo de la población”, resaltó Cabaleiro.

Fuente: Bichos de Campo