Un mosaico de entidades ligadas al agro que conformaron una Mesa de Coordinación de Producciones Específicas, solicitaron una audiencia al Ministro de Economía Sergio Massa para plantearle el impacto que tiene en la gestión de las empresas agropecuarias el incremento de las cotizaciones agrícolas, particularmente en los arrendamientos que pagan muchos empresarios del sector.

En un nota firmada entre otros por la Confederación General de la Producción, la Cámara Argentina de Pequeños y Medianos Productores Porcinos, la Cámara de Operadores Mayoristas Frutihortícolas del Mercado Central de Buenos Aires y la Sociedad Rural de Córdoba mencionan que la guerra en el Este europeo y el llamado dólar soja "han desequilibrado no solo a nuestras actividades productivas". Y especificaron que "afectan con creces el incremento de los valores de arrendamientos rurales que estamos pagando".

En la carta, rubricada en Arrecifes, donde los firmantes realizaron una asamblea, la entidades recuerdan que la problemática fue planteada a las autoridades, tras lo cual acordaron presentar "alternativas de solución" para "poner en equilibrio a las distintas actividades agropecuarias en general como así también, para la competencia por el uso de la tierra".

El objetivo ulterior, dicen, es "ofrecer productos a los consumidores acorde a los salarios actuales, disminuir la inflación, incrementar ocupación de mano de obra formal, producción y exportaciones, compatibilizando los intereses de los productores, procesadores, consumidores, en consonancia con lo que entendemos son los objetivos de la política económica del gobierno Nacional".

Al respecto, la presidente de la Sociedad Rural de Córdoba, Victoria Moncada, detalló que "el incremento del precio internacional de los cereales, que tuvo como origen la invasión rusa a Ucrania, se vio impactado por la medida del dólar soja". A raíz de esto, se produjo "un desequilibrio" no sólo en la administración cotidiana de las empresas "sino, específicamente, en el valor de los arrendamientos rurales: es decir en obligaciones preexistentes que tienen los productores".

La dirigente sostuvo que más del 50% de la producción se realiza en campos alquilados. Y señaló una contradicción, ya que el mismo decreto que creó el Programa de Incremento Exportador establece además un fondo para "atender a programas que estimulen la producción y el desarrollo de pequeños y medianos productores de las economías regionales, que hoy se encuentran afectados por la medida".

También remarcó que la enmienda que hizo el gobierno sobre la imposibilidad de aplicar el dólar soja en arrendamientos es inviable, ya que los contratos están establecidos a valor de pizarra. Y por ello consideraron "una herramienta fundamental" la aplicación de la "Teoría del esfuerzo compartido" para interpretar los contratos de alquiler y poder mantener la ejecución de los contratos. "Debemos tener en cuenta que los contratos están hechos para cumplirse de buena fe, y es a eso a lo que debemos apelar", sostuvo, y dijo que hoy un arrendador está exigiendo "el pago del contrato a valor dólar soja a quien no gana en dólar soja". Y si bien el contrato es preexistente, cuando el arrendatario acredite la imposibilidad de cumplir "no deberá pagar en dólar soja". Fuente: Campo Litoral