Vicentin tiene tiempo hasta el 31 de marzo para cerrar un acuerdo con sus acreedores, por su deuda concursal cercana a los u$s 1500 millones. La compañía había solicitado postergar el plazo hasta el 30 de junio. La Justicia hizo lugar al pedido de la prórroga, pero le concedió tiempo hasta el último día del tercer mes del año.

El Banco Nación no aceptará la nueva oferta de pago de Vicentin, que se conoció este jueves. Así lo aseguró Eduardo Hecker, presidente de la entidad, en dialogo con El Cronista.

"Una vez más, es una propuesta inaceptable. Implicaría el desguace de la empresa y la pérdida de puestos de trabajo, sin un proyecto que contemple la generación de valor. El Banco Nación tiene la posibilidad de ejercer el derecho de pedir la quiebra. Y la nueva propuesta no representa un buen camino para evitar esa opción", sentenció Hecker, en diálogo con este medio.

El Nación es el principal acreedor de la cerealera, que le adeuda u$s 300 millones por créditos otorgados. Por ser el mayor acreedor, buena parte de su 'acreencia verificada' -u$s 246 millones, con la actualización de intereses- recibe un 'tratamiento privilegiado', lo que le otorga un mayor poder de negociación al banco a la hora de acordar las condiciones.

En noviembre, el banco ya había rechazado la propuesta anterior, que contemplaba una quita del 70% de los u$s 1570 millones que debe la empresa. En ese entonces, Hecker la consideró "una burla". "El banco busca arribar al mejor acuerdo posible, para preservar el dinero de la población. No nos oponemos a ello, todo lo contrario. Estamos dispuestos mantener el diálogo y buscar solucione. Pero no vamos a aceptar un acuerdo de estas características", afirmó.

"En todo este tiempo, se nos han realizado siempre ofertas que resultaron insuficientes. En este caso, no se plantea una verdadera intención de aumentar la capacidad productiva. El hecho de que transcurran 15 años con contratos de fasón solamente, a cargo de los potenciales socios estratégicos, derivaría en una merma de la competitividad de los activos que queden de Vicentin. No es lo mismo operar a fasón que producir con capacidad plena", consideró.

Según la propuesta -de la que trascendió un borrador que confeccionó la mesa técnica de la cerealera santafesina, ya que aún no fue presentada formalmente en la Justicia- la agroexportadora recurriría a la venta del tercio de la participación accionaria que le queda en el complejo aceitero de Renova para afrontar el pago de la deuda. Le cedería el 33,3% del remanente de acciones que conserva a su socio en esa unidad, Viterra, perteneciente al grupo suizo Glencore.

Ya en 2019, luego de entrar en cesación de pagos, le había vendido el 16,67% de su tenencia en esta empresa creada en 2007, que produce harinas y aceites de soja en Timbúes y biodiesel en San Lorenzo. Como resultado de la operación, Glencore pasó a ser accionista mayoritario, con el 66,6% de las acciones.

De esta manera, el plan de la agroexportadora es destinar u$s 270 millones a pagar en efectivo en dos cuotas anuales, durante 2022 y 2023, con fondos provenientes de la caja de Vicentin y los generados por la venta del paquete accionario en Renova. La compañía espera obtener u$s 300 millones de capital fresco en esta transacción.

El resto de la deuda se recapitalizaría en acciones, mediante la creación de un fideicomiso en el que los actuales socios conservarían solo un 10% de las acciones. El 90% restante -en caso de que se homologue la propuesta- deberían ser cedidas a los acreedores y los 'interesados estratégicos' por un valor de u$s 179 millones.

Estos 'inversores estratégicos' son tres empresas del sector que, en mayo, expusieron su interés para entrar como socios: la misma Viterra, la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA) y Molinos Agro, la empresa de agronegocios del grupo Perez Companc.

Esta tríada asumiría el compromiso de recompra de las acciones por un período de 15 años, además de acordar contratos de fasón para asegurar la capacidad industrial de los activos de Vicentin, entre ellos, las plantas de San Lorenzo y Ricardone, el puerto de San Lorenzo, la firma productora de envases de aceite Renopack y las empresas Oleaginosa San Lorenzo y Patagonia Bioenergía.

Asimismo, el paper de la oferta sostiene que, adicionalmente, Vicentin y el Banco Nación deberían avanzar en el consenso de un plan para el 'nodo norte', de modo que pueda repagarse la acreencia privilegiada del Banco Nación con parte del flujo de caja del negocio de bioetanol, más ciertos pagos en efectivo con una parte de los restantes ingresos de Vicentin. "Para ello, además de la garantía ofrecida sobre el 'nodo norte', Vicentin podría considerar el ofrecimiento de una garantía real adicional", indica el texto, en referencia a las plantas instaladas en Reconquista y Avellaneda.

"Hasta ahora, se nos planteó una posibilidad de pago con las utilidades que genere el negocio de bietanol. Es un despropósito hacer una propuesta solo sobre 'el nodo norte' o para un grupo de empresas, ya que el crédito se destinó al conjunto de Vicentin. No se trata de separar una región de la otra, haciendo que el sur sufra un desguace, mientras se intenta resolver la situación del norte", comentó Hecker.

"No creo que se llegue a un acuerdo. El Estado Nacional debe participar de este proceso, para aportar soluciones enriquecedoras. El cramdown podría ser un camino", opinó Hecker, en relación al plan de salvataje que propuso 'Fideicomiso Acreedores Granarios Vicentin', un grupo de 72 acreedores del sector granario, que cuentan con más del 25% de la deuda de la cerealera, un pasivo que supera los u$s 420 millones.

"Los u$s 300 millones que Vicentin le adeuda a Banco Nación equivalen a la otorgación de 6000 créditos a pymes, con la posibilidad de generar alrededor de 400.000 puestos de trabajo. La situación afecta los derechos del banco y del conjunto de los argentinos. Seguiremos bregando por la recuperación del crédito del banco", concluyó el directivo.