Con más de una hora y media de discurso, la presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner dejó inaugurado el periodo ordinario 129° de sesiones en el Congreso de la Nación, con algunos anuncios y reiteradas menciones al sector agropecuario.

El principal anuncio de la presidenta de fuerte impacto social fue el de ampliar la asignación universal por hijo a mujeres embarazadas a partir del tercer mes de gestación.

También anticipó el envío de proyectos de leyes al Parlamento como una “ley de propiedad de la tierra” para poner freno a la extranjerización. En tanto que pidió a los legisladores el tratamiento de iniciativas demoradas como la reforma de la ley del Peón rural.

En lo que respecta a las menciones específicas con el sector agropecuario, la presidenta puso el foco en algunas críticas. La primera fue cuando se refirió al aporte sectorial en materia de recaudación tributaria.

La presidenta señaló que el sector apenas contribuye con el 2,8% de la recaudación total, contra el aporte de la industria en torno al 21,4%, a pesar de se “uno de los más dinámicos de la economía”.

Omitió la jefa de Estado hacer referencia al pago de derechos de exportación que involucra en un 70% a la producción de granos y subproductos, y que en total representa el 10% de la recaudación total.

En este punto Cristina, comparó el aporte del campo a la matriz tributaria equivalente al que realiza la educación privada. En seguida ironizó que o bien habían subido enormemente las cuotas de los colegios, o se estaba en presencia de “evasión de nuestro sector primario”.

La referencia se insertó en el pedido al parlamento para que acelere el tratamiento de la ley penal tributaria para que “quienes evadan vayan presos”.

Cristina destacó la creación del ministerio de Agricultura durante su gestión y subrayó el aumento de la producción de trigo en la última campaña, y cerca de 1.200 millones de dólares en exportación de carne vacuna.

Luego chicaneó al ruralismo cuando hace menos de dos años auguraba que se tendría que importar trigo y carne. "Creo que estaban mal informados", ironizó la presidenta.

También destacó la creación de líneas de financiamiento productivo desde la cartera agropecuaria nacional en articulación con el Banco Nación.

En esa línea destacó los 180 millones de pesos para fondos de producción rotatorios y 185 millones para ganadería, entre otros programas que incluyen fuertes subsidios al costo de dinero para inversión que en la práctica dan arrojan tasas negativas.

La primara mandataria remarcó además que en la cartera crediticia de la banca pública nacional se pasó del 8% de préstamos a pymes en 2003 al 45% de los créditos destinados a las pequeñas y medianas empresas.

En materia de tipo de cambio, una de las variables a las que se suele apuntar desde el sector primario para morigerar el impacto de las retenciones, la presidenta ratificó que no cederá a nuevas devaluaciones.

“Sabemos a quién beneficia y a quienes perjudica”, dijo un aumento en pesos del valor de la divisa. “No vamos a someternos a presiones de ninguna naturaleza que distorsione el modelo”, enfatizó la presidenta.

Cristina Fernández también se refirió a la gestión de su gobierno y los avances en materia de derechos humanos, en relación a los juicios a militares de la represión y a la trata de personas. Fue allí donde introdujo otra crítica al sector agropecuario la mencionar los casos de trabajo esclavo, que se hicieron públicos en los dos primeros meses del año.

La presidenta pidió en ese momento que el Congreso tratara el proyecto de ley “del peón rural” remitido al parlamento a mediados del año pasado, para “terminar con esta verdadera vergüenza que es el trabajo esclavo”, advirtió.

Cristina sugirió que los casos de trabajo en condiciones infrahumanas detectados por las autoridades nacionales se explica por la convivencia de intereses entre la dirigencia sindical de los trabajadores rurales, que conduce Gerónimo Venegas, y la mesa de Enlace, todos integrantes del Renatre.

Aunque la presidenta no mencionó a ninguna de esas organizaciones defendió el hecho de que la ley proyectada por el Ejecutivo pase a la órbita del Estado el empleo rural registrado.

Sobre el final de su exposición, y a instancias del diputado chaqueño Pablo Orsolini (UCR), Cristina Fernández anticipó que el Ejecutivo estudia el envío de una “ley de propiedad de la tierra” como freno al proceso de extranjerización que viene siendo reclamada desde la FAA.

La presidenta aclaró no obstante que debía estudiarse muy bien el tema para no emitir un mensaje al mundo “anti-inversión” ni “xenófobo” pero que a la vez preservara los recursos naturales estratégicos en propiedad de capitales nacionales.

Fuente: El Enfiteuta