La denuncia fue presentada ayer por los concejales Gustavo Traverso (Junín); Mabel Godoy (Lomas de Zamora); Jorge Spitalieri (San Miguel); Norma Warrell (Almirante Brown); Sandra Marí (San Pedro); Hugo Burguez; Juan Luis Rossi y Jorge Sarmiento, ante el juzgado federal de turno.

Los denunciantes afirmaron que el artículo 15 de la mencionada ley establece que "el funcionario deberá abstenerse de tomar intervención durante su gestión en cuestiones particularmente relacionadas con las personas o asuntos a los cuales estuvo vinculado en los últimos tres años o tenga participación societaria".

"El senador cordobés, que votó en contra de esta resolución para implementar las retenciones móviles a las exportaciones de granos, es uno de los dueños de Aceitera General Deheza", agregaron. Asimismo, los concejales señalaron que la norma también dispone "la obligación de velar en todos sus actos por los intereses del Estado, privilegiando el interés público sobre el particular y establece las incompatibilidades del ejercicio de la función pública".

En la denuncia, los ediles se basaron en el artículo 265 del Código Penal que afirma: "será reprimido con reclusión o prisión de 1 a 6 años e inhabilitación especial perpetua, el funcionario público que directamente o por persona interpuesta, o por acto simulado, se interesare en miras de beneficio propio o de tercero, en cualquier contrato en que intervenga en razón de su cargo".

Finalmente, los concejales kirchneristas argumentaron que "un legislador debe legislar para el bien común y no para la satisfacción de un interés particular; ése es el sentido de la función pública: velar por el bien común".

"Creemos que hay que recuperar la política como actividad de servicio público y legitimarla una vez más como herramienta para la construcción de un destino colectivo que genere mejor calidad de vida.

El senador Urquía debió abstenerse en un asunto en el que estaban en juego intereses propios, personales y vinculados a su economía personal", concluyeron.