La ley de semillas cuenta con el apoyo de los productores, la industria y el gobierno nacional. Sin embargo, a pesar de haber obtenido dictamen en la Comisión de Agricultura, sigue demorado su tratamiento en la Cámara de Diputados y perdería estado parlamentario si no se discute en los próximos cuatro meses.

Roberto Enríquez, gerente de la Asociación Argentina de Protección de las Obtenciones Vegetales (Arpov), espera que más allá de la incertidumbre que genera un año electoral, el Congreso en algún momento apruebe el proyecto. "Los puntos de consenso son muy altos como para que no sea tratado en el recinto este año. Debemos reemplazar la ley actual, que es de 1973 y nos pone un freno para avanzar", sostiene.

El proyecto, entre otras cosas, establece que la inversión en tecnología de las semilleras debe ser retribuida con regalías por parte de los agricultores al momento de comprar las semillas y en cada uso, si se trata de semillas de su propia producción. A su vez, el proyecto contempla un incentivo fiscal a los productores que utilicen semilla fiscalizada para la siembra. Además, fortalece el papel del Instituto Nacional de Semillas (Inase), así lo describe la nota de LA NACION.

Por otra parte, se establece que algunos agricultores serán exceptuados del pago. "En ningún caso se encontrarán obligados al pago los agricultores inscriptos en el Registro Nacional de la Agricultura Familiar (Renaf) y los pueblos originarios que, en el contexto de prácticas de agricultura familiar o en un ámbito agrícola comunitario tradicional, intercambien o vendan entre ellos semillas u otro material de propagación", se indica en la iniciativa.

Según estadísticas del Inase, a través del Sistema de Información Simplificado Agrícola (SISA), el 30% de los productores representan un 80% del mercado. Un 20% del área sojera se siembra con semillas fiscalizadas en la Argentina (el reconocimiento está incluido dentro del precio de la bolsa). Otro 20% con semilla de uso propio (que reconoce regalías extendidas). Mientras que el 60% restante circula de manera ilegal, en lo que se conoce como "bolsa blanca".

Hoy el productor debe hacer una declaración jurada especificando cuál es la variedad que utiliza y existe un proyecto que ya está en fase de implementación a partir del cual se realiza un mapeo de la información genética de todas las variedades de soja disponibles.

Para eso se definieron 56 marcadores moleculares que ya fueron habilitados por el Inase para identificar a cada variedad. El organismo puede enviar las muestras a un laboratorio para que se identifiquen las variedades utilizadas y se detecten irregularidades en la declaración y origen legal. "Esto va a ayudar a que pueda llevarse a la práctica lo establecido por la nueva ley. Una vez que se obtengan los primeros resultados, se van a comparar con las variedades que los productores declararon en el SISA", explica Enríquez.

Para el especialista, la nueva ley de semillas va a generar más movimiento en toda la cadena. "No sólo promoverá mayor inversión en investigación y desarrollo y el lanzamiento de nuevas variedades y tecnologías. Significa también más trabajo para el interior, que es donde están los semilleros multiplicadores, distribuidores, productores y comercios que verán afectados positivamente sus negocios por el hecho de tener mayor demanda de semillas fiscalizadas. Esto redundará también en más cantidad de fletes, procesamientos, trabajo e inversión a largo plazo", concluye.