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Contratistas reclaman ajuste de tarifas para la actual campaña

Piden cobrar 9.165 pesos por hectárea y en Entre Ríos la tarifa es de 5.000
Piden cobrar 9.165 pesos por hectárea y en Entre Ríos la tarifa es de 5.000
02/12/2021 19:57 hs

La Federación Argentina de Contratistas de Máquinas Agrícolas (Facma) determinó que por una cosecha de trigo 2021-22 con rendimiento promedio de 42 quintales por hectárea (qq/ha), se debe cobrar una tarifa de 9.165 pesos por hectárea ($/ha).

Argumentan que los valores efectivamente abonados están lejos de las pretensiones de la Cámara que representa a los contratistas. En la zona núcleo pampeana, donde se registran -hasta el momento- rendimientos promedios de 41-43 quintales, los valores abonados por el servicio de cosecha se encuentran en un rango de 6.200 a 7.200 $/ha, dependiendo del área por recolectar y la tecnología de los equipos empleados.

De todas maneras, se trata de valores superiores a los obtenidos en Entre Ríos y centro-norte de Córdoba y de Santa Fe, donde en muchos campos los valores negociados no superaron los 5.000 $/ha, aunque con rendimientos, claro, sustancialmente inferiores a los registrados en la zona núcleo.

Debido a que el servicio de cosecha emplea activos en gran parte dolarizados pero recibe ingresos en pesos, Facma calcula que el 30% del costo corresponde a amortizaciones e intereses, que al momento de negociar tarifas, es un aspecto no contemplado por muchos contratistas por la elevada competencia existente en el sector.

Se trata del factor más preponderante en la conformación del costo de referencia elaborado por Facma, porque en segundo lugar se ubica la conservación y reparaciones de los equipos con un 18%.

Otro de los factores que explican la brecha entre el valor de referencia publicado por Facma y los precios negociados en el mercado es un ajuste de la rentabilidad del servicio prestado, el cual suele manifestarse proporcionalmente a la cantidad de hectáreas por cosecha en un establecimiento.

Vale tener en cuenta que los cálculos están realizados con un tipo de cambio (oficial) intervenido por el Gobierno, el cual se encuentra muy por debajo del valor definido por el mercado (MEP), algo que representa un riesgo latente enorme para la actividad en el actual escenario de inestabilidad cambiaria.

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