El paro de actividades en los puertos, especialmente en los granarios del Gran Rosario, y el conflicto gremial parece no tener salida aparente a cinco días de iniciado el cese.
Desde los gremios definen que “somos los trabajadores que movemos al mundo”, fue, por su parte, el título de la respuesta del gremio, que por primera vez el viernes se decidió a expresar alguna opinión sobre este tema de manera oficial. Afirmaron que no están “haciendo política” y que no levantarán la medida de fuerza “hasta que no se garantice una mesa de negociación con la plena intención de reconocer la importancia de nuestra labor”.
Este domingo se supo que la Mesa Agropecuaria de Santa Fe se sumó al reclamo contra el Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros del departamento San Lorenzo y la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores y Afines de la República Argentina, quienes desde el martes pasado están realizando la protesta.
Pese a que desde la industria aceitera aseguran que se han hecho nuevas ofertas salariales que superan la inflación, el gremio afirma que no es cierto y el último viernes decidió continuar, por tiempo indefinido, la medida de fuerza.
En este marco, la Mesa que nuclea a las cuatro entidades del campo santafesino (Carsfe, Coninagro, Federación Agraria y Sociedad Rural) expresó en un comunicado su “profunda preocupación ante los paros intempestivos promovidos por el Sindicato de Aceiteros, que están poniendo en grave riesgo la estabilidad de toda la cadena de comercialización, afectando a empresas, trabajadores y la economía en su conjunto”.
Para el ruralismo de una de las provincias más importantes en materia de producción, y desde donde salen más del 70% de las exportaciones argentinas, el derecho a huelga, consagrado en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, debe ejercerse dentro de la legalidad.
En ese sentido, recordó que las leyes que rigen la materia exigen que las medidas de fuerza sean precedidas por intentos serios de negociación y mediación, respetando los procedimientos de conciliación obligatoria establecidos por las mismas.
Por su parte, los Centros de Corredores de Cereales de Bahía Blanca, Buenos Aires, Entre Ríos, Rosario y Santa Fe, también expresaron su “profunda preocupación profunda preocupación por la situación gremial que ha llevado a un paro en la industria aceitera”.
Según los Corredores, este conflicto “está generando un impacto negativo no solo en la industria aceitera, sino también en toda la cadena de valor agroindustrial y en la economía nacional en general”.
“La medida de fuerza afecta directamente la logística de exportación, con camiones varados y buques a la espera de carga en los principales puertos del país. Esta situación afecta de manera directa al normal funcionamiento de productores, corredores, acopiadores, cooperativas y transportistas, además de seguir dañando la imagen del país como proveedor confiable en los mercados internacionales”, lamentaron.
Por estas razones, consideraron importante que las autoridades y todos los sectores involucrados trabajen conjuntamente, actuando con la debida responsabilidad, para facilitar el diálogo y llegar a una solución.
Al respecto, reiteró que la oferta de aumento supera la expectativa inflacionaria de los próximos meses, ya que incluye un 12% retroactivo a julio y un 5% adicional en septiembre, lo que acumula un 94% en el año.
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