El Ministerio de Economía determinó el cierre de tres fondos fiduciarios que, según indicaron desde el gobierno de Javier Milei, evidenciaron ineficiencias en su implementación.

Se trata del Fondo Nacional de Emergencias, el Fondo Fiduciario Progresar y el Fondo de Protección Ambiental de los Bosques Nativos, tal como detalla el decreto 888/2024, publicado este martes en el Boletín Oficial con las firmas de Milei; el jefe de Gabinete, Guillermo Francos; y el ministro de Economía, Luis Caputo.

“El Decreto 888/24 de hoy, nos acerca a una gestión más racional y transparente de los recursos de los contribuyentes, paso fundamental para una macro más ordenada y una sociedad con menos corrupción”, dijo el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

El Fondo Nacional de Emergencias tenía el objetivo de financiar acciones de respuesta ante determinadas emergencias que afectaran al país. Sin embargo, este fondo nunca llegó a ponerse operativo ni contó con presupuesto asignado. Así, quedó reducido a una enunciación carente de implementación práctica.

Por su parte, el Fondo Fiduciario Progresar fue creado para financiar acciones del “Programa de respaldo a estudiantes argentinos”, en el ámbito del Ministerio de Educación. Pero, al igual que el Fondo Nacional de Emergencias, nunca llegó a implementarse.

Finalmente, el Fondo Fiduciario para la Protección Ambiental de los Bosques Nativos fue creado para financiar medidas de protección de los bosques. La Ley 26.331 o “Ley de Bosques” –que comenzó a regir de manera efectiva en 2010– dispuso la creación de un Fondo de Conservación de los Bosques Nativos con el propósito de compensar a las provincias y a los propietarios de campos que, debido al ordenamiento territorial establecido en cada jurisdicción, no puedan poner en producción el territorio en cuestión.

En el Presupuesto 2018 se crea el Fobosque con el objeto de administrar el Fondo Nacional para el Enriquecimiento y Conservación de los Bosques Nativos. Este fondo previsto por la Ley 26.331, donde se establecieron los presupuestos mínimos de protección ambiental para el enriquecimiento, la restauración, conservación, aprovechamiento y manejo de los bosques nativos.

Según los funcionarios de la administración de Javier Milei, la auditoría realizada por la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) puso en evidencia debilidades en los registros, mostrando un déficit de capacidad institucional y logística de las jurisdicciones, así como también la inexistencia de indicadores claros sobre la gestión realizada.

Desde el Gobierno nacional explicaron que, dadas las disposiciones contenidas en la Ley de Bases y los objetivos perseguidos, el cierre de estos fondos conlleva principios de ordenamiento en la gestión gubernamental y el resguardo de una mejor administración de los recursos públicos.