La Comisión Europea propondrá un retraso de su histórica ley para abordar la deforestación a nivel mundial, sometiéndose a una inmensa presión de los países productores de materias primas y de la industria, según informó la agencia Bloomberg. Se trata de un negocio de 4.000 millones de dólares.

Es que la exigencia de garantías de libre de deforestación de los productos a importar que la Unión Europea (UE) estableció y debía comenzar a regir a partir de 2025 fue duramente cuestionada y rechazada desde distintos países y sectores productivos. En el caso de Argentina, implicaba una importante afectación a las exportaciones de carne y soja. Ahora, se extendería hasta el próximo 30 de diciembre de 2025.

Según datos de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, el promedio de exportaciones de carne a Europa del 2021 a 2023 fue de US$ 462 millones, el 14% del total embarcado por este sector. Mientras que en el complejo sojero, tomando el mismo período, fue de US$ 3.556 millones, el 20% de los más US$ 17.000 millones que genera este sector.

La medida sería la última señal de reacción negativa por el alcance de su programa medioambiental. De acuerdo a John Ainger, Alberto Nardelli y Ewa Krukowska, el bloque presentó un proyecto de enmienda para posponer 12 meses las normas que tienen como objetivo frenar la parte de la deforestación de la que la Unión Europea es responsable a través de sus importaciones de materias primas clave, como el café, el cacao, la soja y la carne de vacuno.

La regulación de la UE debía entrar en vigencia el próximo 30 de diciembre y ha recibido el rechazo de distintas entidades del agro argentino, que se vería afectado al tener que dar garantías de libre deforestación en sus producciones de soja y carne.

El gobierno de Javier Milei valoró la propuesta de postergación. Según indicó el comunicado de la Secretaría de Agricultura, desde el inicio de la propuesta de reglamento, la Argentina expresó sus preocupaciones y cuestionamientos respecto a varios aspectos de esta medida unilateral, y presentó distintos reclamos ante la Unión Europea, tanto en forma individual como en gestiones conjuntas, con un grupo numeroso de terceros países, de manera bilateral y ante los foros multilaterales correspondientes.