Con pocos días de diferencia, el Gobierno dio a conocer sus intenciones de avanzar sobre dos fuentes indirectas de financiamiento del gremialismo rural: las cartas de porte para el transporte de granos y el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (Ipcva).
Así, mientras el presidente de la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (Oncca), Ricardo Echegaray, anunció que el otorgamiento de las cartas de porte iba a pasar de manos de las entidades al Estado, por otro lado el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, presionó a las cámaras frigoríficas para que salgan de la conducción del Ipcva, de manera de quitarle quórum al ente.
El anuncio de Echegaray sobre las cartas fue un dardo al corazón del ruralismo, que tiene un sistema montado para otorgar estos documentos, que permiten el transporte de granos. De acuerdo con los datos de la Federación Agraria Argentina (FAA) y la Federación de Acopiadores (que emiten las cartas), el sistema cuenta con 55 bocas de expendio, emplea entre 500 y 700 personas y recaudaba unos $ 30 millones por año, por la emisión de 7 millones de cartas. Antes, las cartas costaban $ 6,20, que se repartían en $ 4,20 para gastos de emisión y $ 2 para el Estado, hasta que hace dos semanas la Oncca subió el aporte de 2 a 10 pesos, lo que triplicaría la recaudación del sistema.
"Lo peor de la iniciativa de Echegaray no es la plata que nos saca, sino el servicio que se presta al productor. Pierde el productor del interior", opinó el vicepresidente de la FAA, Ulises Forte. "La Oncca no tiene por qué ser una sucursal de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP)", agregó.
"El perjuicio más grande que puede tener este cambio es cómo puede afectar al sistema de logística de granos", dijo Raúl Dente, presidente de la Federación de Acopiadores. "No estamos en contra del cambio, pero si se cambia, que sea por un instrumento mejor. Con nuestro sistema, en 16 años no tuvimos una sola denuncia de cartas falsificadas", agregó.
Al parecer, la idea de Echegaray sería simplificar el trámite de obtención de la carta, lo que permitiría al productor sacar el instrumento vía Internet. LA NACION intentó, sin éxito, corroborar esta información con fuentes de la Oncca.
"Eso sería un poco riesgoso, porque daría lugar a falsificaciones. Las cartas que nosotros emitimos tienen tantas marcas como un billete", opinó Dente. "Si se hace un cambio debería intervenir una calificadora para que garantice que el nuevo sistema sea más confiable", agregó. Otros fruncen la nariz cuando se menciona el tema y deslizan una palabrita que está de moda a la hora de hablar de la Oncca: falta de transparencia. "Esto puede ser una nueva ventana para la discrecionalidad", dijo un dirigente.
Contra el instituto
En cuanto al Ipcva, la presión de Moreno para que las cámaras frigoríficas dejen la conducción del instituto trascendió por una denuncia del presidente de una de ellas, la Cámara de la Industria y el Comercio de Carne de la República Argentina (Ciccra), Miguel Schiariti. Y fue confirmada por varios miembros del Ipcva, que contaron que Moreno incluso mandó el modelo de carta de renuncia a los industriales. "Al final lo conformaron diciendo que no van a ir más a las reuniones", relató un testigo de las presiones.
De acuerdo con varios allegados a la conducción del organismo, la presión de Moreno se debe a que está convencido de que las actividades de la Comisión de Enlace se solventan con el Ipcva. Y si bien los ruralistas niegan enfáticamente esto, no es menos cierto que el instituto aporta plata a muchas actividades de las entidades, como la muestra Rural de Palermo, el Congreso de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) o las muestras rurales del interior.
"Dicen que la cruzada de Moreno es porque el Ipcva financió la protesta del campo, pero cualquiera se puede dar cuenta de que no es así viendo los balances. La información del Ipcva es pública", dijo un alto directivo del instituto. "No pueden liquidar al Ipcva ni obligar a nadie a irse, porque todos participamos allí por ley", agregó.
Con esta apreciación coincidió el presidente de la Sociedad Rural Argentina, Hugo Luis Biolcati. "Lo del instituto y las cartas de porte es parte de la política de hostigamiento del Gobierno al campo, atacando lo relacionado a las entidades", dijo. "Sinceramente, no creo que les resulte fácil desarmar al Ipcva, tendrían que presionar a mucha gente. Lo que molesta es la actitud", dijo Biolcati
Para Schiariti, en cambio, no es tan difícil desmembrar el ente. "Si Moreno logra hacer salir a la industria, el consejo quedará acéfalo y podrá ser intervenido. Pero eso no pasará porque Ciccra no se va", dijo.
El Ipcva tiene un fondo estimado en 80 millones de pesos, que sale de los aportes que hace cada ganadero y frigorífico por animal vendido. Su presidente es el dirigente histórico de CRA Dardo Chiesa, y cuatro entidades del campo, cinco cámaras frigoríficas y las asociaciones de criadores.
Las presiones de Moreno sirvieron para reavivar una vieja polémica sobre la existencia del instituto. Es que, debido a las recurrentes suspensiones de las exportaciones de carne, varios segmentos del ruralismo pidieron la suspensión del pago del canon al Ipcva hasta tanto se normalicen las ventas externas. La queja no tuvo eco hasta el momento en la Comisión de Enlace, que tiene a buena parte de sus altos dirigentes en la conducción del ente.
119 millones de pesos
* Es lo que recaudaría el sistema de cartas de porte para la próxima campaña agrícola.
80 millones de pesos
* Son los fondos del Ipcva, provenientes del canon que se paga por animal faenado
8 representantes
* Gobiernan el Ipcva (cinco de las entidades, tres de los frigoríficos y uno por el Gobierno)
Fuente: Mercedes Colombres - La Nación
