Mediante un durísimo documento dirigido a las máximas autoridades, el movimiento Productores Autoconvocados, con la adhesión de gran cantidad de firmas, pide medidas concretas en respuesta a los reclamos planteados en la Proclama de San Nicolás, el 9 de julio último. Otorgan 20 días de plazo, tras lo cual indican que llevarán adelante medidas de fuerza.

Dieron a conocer una carta abierta dirigida al Presidente de la Nación, ministros, diputados y senadores, nacionales y provinciales, gobernadores, intendentes y jefes comunales de todo el país.

En la misma piden “que se tomen medidas concretas” en respuesta a los reclamos planteados en la Proclama de San Nicolás, el 9 de julio último y otorgan 20 días de plazo, tras lo cual llevarían adelante medidas de fuerza.

El texto de la carta

“Emplazamos a los representantes del Estado, en los niveles Nacional, Provincial y Municipal, y en todas las jurisdicciones de la República Argentina –dice el documento- a tomar medidas concretas y efectivas que den evidencias claras de su compromiso con lo demandado en esta proclama en un plazo máximo de 20 días.

“De lo contrario, llevaremos a cabo medidas de fuerza destinadas a preservar los derechos e intereses de todos los ciudadanos productivos, cuyo esfuerzo es parasitado a diario para sostener los privilegios de los que goza la clase gobernante, así como el aparato clientelar del que ésta hace uso para sostenerse en el poder.

“Cualquier oferta de diálogo estará subordinada a la previa aplicación de medidas concretas. Sin acciones que den evidencias claras de la buena voluntad de los gobernantes, el diálogo no es más que un simulacro, una práctica dilatoria que ya no estamos dispuestos a tolerar”.

La Proclama de San Nicolás

Se recuerda aquí el contenido de la Proclama de San Nicolás, difundida tras la masiva concentración del 9 de julio último en esa ciudad del norte bonaerense. El que sigue es su texto completo.

“Los ciudadanos argentinos reunidos el viernes 9 de julio de 2021 en San Nicolás de Los Arroyos declaramos:

“1) Que el cumplimiento de la Constitución Nacional no es optativo, sino obligatorio. Ante la grave situación actual, y las dificultades que acarrea al normal funcionamiento de las instituciones, el Estado debe ser más prudente que nunca. Ni el Poder Ejecutivo ni el Congreso deben sancionar leyes ni tomar medidas cuya constitucionalidad no resulte, a todas luces, indiscutible.

“2) Que la única fuente de riqueza genuina de una nación es la actividad productiva. Argentina no puede sostenerse, mucho menos prosperar, sin agricultura, sin industria, sin comercio, sin servicios. Ninguna de estas actividades puede desarrollarse como nuestro país necesita con la presión impositiva y las leyes laborales actuales.

“3) Que el derecho a la propiedad está garantizado por la Constitución y todo funcionario público está obligado a velar por su respeto. Nadie que ocupe un cargo público debe hacer declaraciones que relativicen o pongan en duda este derecho, pues al hacerlo no hablan en su propio nombre, sino en el del Estado, y el Estado no puede sostener opiniones contrarias a la Constitución.

“4) Que es obligación del Estado compensar a aquellos ciudadanos que se ven forzados a mermar o sacrificar sus actividades productivas para preservar la salud de la comunidad (como prestadores turísticos, gastronómicos, organizadores de eventos, entre otros). Todos los rubros afectados de manera directa por las restricciones sanitarias deben quedar exentos de cualquier tasa o impuesto nacional, provincial y municipal, y esta exención debe prolongarse el tiempo suficiente para que puedan recuperarse, ya que es el propio Estado el que les impide trabajar en nombre del bien común; y las limitaciones a su actividad no deben prolongarse ni un minuto más de lo estrictamente necesario.

“5) Que la educación es un derecho inalienable, y sólo la presencialidad puede garantizar el acceso a ella a todos los niños del país. Las escuelas deben ser lo último en cerrarse, lo primero en abrirse, y la suspensión de clases presenciales debe ser por poco tiempo y sólo en los distritos en que resulte realmente indispensable.

“6) Que el personal de salud es el principal afectado por la pandemia, y debe ser reconocido no sólo en forma simbólica sino también económica. Ningún bono, aumento o beneficio otorgado por el Estado debe superar, en monto o porcentaje, a aquel que se otorgue a médicos, enfermeros y demás trabajadores del sistema de salud.

“7) Que la única fuente de ingresos para el país es la exportación, y cualquier medida que la obstaculice, la limite o la desaliente es absurda. El gobierno debe derogar inmediatamente cualquier prohibición o cupo para todos los rubros, terminar con el desdoblamiento cambiario, y proponer un plan de reducción progresiva de las retenciones que permita eliminarlas en el menor tiempo posible.

“8) Que el déficit que resulte de los impuestos que dejen de percibirse por las exigencias anteriores debe compensarse con una reducción del gasto público en general, y del gasto político en particular. La clase política y su entorno deben compartir los sacrificios del resto de la ciudadanía, y ser los primeros en posponer sus intereses y objetivos en un contexto de crisis”.