El Gobierno acaba de aplicarle a las aceiteras el mismo mecanismo que le impuso a los frigoríficos vacuna el 1º de abril, sobre el fin de la primera fase del paro agropecuario, y que derogó poco más de un mes después, porque prácticamente impedía las exportaciones de carne.

A través de la Aduana, se extremaron ayer los requisitos que se exigen para permitir despachar aceite de girasol en cualquiera de sus formas (envasado o a granel, crudo o refinado). "El objetivo es contar, al momento del embarque, con los elementos que sustentan el valor declarado por el exportador ante la Aduana, así como la calidad de la mercadería exportada; información que se cruzará con las Aduanas de destino", comunicó la oficina que dirige Silvana Tirabassi.

El resultado fue que el único barco que debía cargar aceite de girasol, mercadería de la empresa santafesina Vicentín según distintas fuentes, primero debió suspender la carga, después se lo dejó completarla, pero después se lo detuvo cargado en el río, situación en la que se encontraba hasta anoche.

El aceite de girasol es largamente el preferido por los consumidores argentinos, pese a todos los esfuerzos que algunas marcas han hecho para imponer el de soja, cuya producción se ha prácticamente triplicado en las últimas dos décadas.

De acuerdo con las estadísticas de la cámara CIARA-CEC, que nuclea a las empresas aceiteras y exportadoras, en 2007 el consumo aparente de aceite de soja en el país fue de 240.000 toneladas, mientras el de aceite de girasol alcanzó las 355.241 toneladas.

Si bien fuentes de la Aduana aclararon que no están cerradas las exportaciones, y que las nuevas medidas se enmarcan en las atribuciones aduaneras, la industria aceitera y las compañías navieras lo tomaron como una paralización de los envíos sin fecha límite.

La medida aduanera para controlar los embarques de aceites de girasol coincide con las denuncias acerca de que en las últimas jornadas se registran fuertes faltantes de ese producto en algunas cadenas de supermercados. Esa situación se viene repitiendo desde principios de marzo, aunque con distintas intensidades, y se asentuó en momentos del primer paro agropecuario.

En el medio, la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (Oncca), conducida por el ex director de Aduana Ricardo Echegaray, tiene desde hace un par de semanas una disputa con el sector aceitero, al que le reclama la devolución de $ 130 millones de los alrededor de $ 230 millones que les pagó en concepto de compensaciones agroalimentarias.

Según la Oncca, esos pagos estuvieron mal hechos porque las empresas declaraban, para el cálculo de lo que debían cobrar, un valor superior al que correspondía.

Casi parálisis

Más allá del tema del aceite de girasol, fuentes vinculadas con los exportadores sostienen que no se están casi declarando nuevas operaciones de exportación, y que el retorno del paro encuentra a las empresas sin poder ingresar granos y con muy poco stock para despachar.

Además, todavía esperan las resoluciones de la Oncca para poner en marcha el nuevo canal "verde", que regirá las declaraciones juradas de exportación de esos productos, facultad que desde hace un par de semanas quedó a cargo de la oficina que conduce Echegaray, tras la reglamentación de la llamada ley Martínez Raymonda.

Fuente: El Cronista Comercial