Julio Rodriguez Signes, Fiscal de Estado de la provincia de Entre Ríos, habló con Campo en Acción sobre el reciente fallo del Superior Tribunal de Justicia entrerriano que confirmó el rechazo a un decreto del gobierno provincial:
El Superior Tribunal lo que hizo fue declarar la nulidad del Decreto 4407, ahora retrotraer una situación no es lo que interpreto porque el anterior fallo quedo abstracto. Es decir, el primer proceso judicial donde el juez Benedetto determinó las distancias de 1000/3000 metros para las fumigaciones quedó abstracto porque salió el Decreto 4407. Ahora fue anulado por el STJ.
“Las cuestiones técnica/ jurídicas complican aún más la situación del productor”- afirmó el fiscal.
¿Hoy el productor no puede fumigar a menos de 1000 metros?
No le podría decir con exactitud, supongamos que readquirió vigencia el fallo de Benedetto, es decir, no se puede hacer aplicaciones a menos de 1000 metros terrestre desde el casco de la escuela y 3000 en forma aérea.
Uno de los caminos es hacer un nuevo decreto, tratando de atender los fundamentos del fallo reciente. La otra alternativa es interponer un recurso extraordinario ante la Corte Suprema, ese es un camino jurídico procesal lento. Creo que la administración tiene que aportar claridad lo más rápido posible.
No creo que el tema de las distancias resuelva la cuestión y esto lo digo porque recorrí algunas escuelas rurales. Eh visto que el criterio de las distancias es incoherente por ejemplo en el caso de la escuela Las Delicias, el INTA, Alberdi.
¿Qué ideas se le ocurre para estos casos específicos?
A partir de la dirección de las escuelas tenemos que organizar un sistema de control distinto, para la aplicación de los productos que habilita la Ley de Plaguicidas. Estamos hablando de hacer las aplicaciones legalmente, es decir, con los productos que la ley determina, que el Senasa habilita, hacer las aplicaciones según las recomendaciones del ingeniero agrónomo que elabora las recetas.
Decir que son 100/1000/3000 metros, la realidad es que cuando uno va a la práctica, ese criterio falla. Lo que digo es organicemos un sistema de control que se reglamente escuela por escuela, otorguémosle a las organizaciones ambientalistas parte del poder de “policía” pero estudiando escuela por escuela.
Lo que está claro es que la administración tiene que darle respuestas ya al productor, reglas claras en lo inmediato. Estamos recibiendo en fiscalía muchas consultas que no saben qué hacer. Hoy de acuerdo a la justicia hay un decreto inconstitucional entonces lo que corresponde es hacer otro.
“Hay que elaborar una norma con un poco más de técnica y lo debemos hacer”- concluyó.
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