Aduana investiga a siete grandes empresas agroindustriales que habrían incurrido en la sobrefacturación de las importaciones de porotos de soja desde Paraguay. Se trata de Aceitera General Deheza, Bunge Argentina, Cargill, Cofco International, LDC Argentina SA (Louis Dreyfus Company), Molinos Agro SA (Molinos Río de la Plata) y Viterra Argentina SA (vinculada a Vicentin).

El organismo informó que el efecto de las maniobras es el ahuecamiento de la base imponible de las operaciones en el país y la fuga indebida de divisas, y en ese sentido hay 3.000 operaciones bajo análisis.

De acuerdo con la investigación de la Aduana, las operaciones documentadas constituyen transgresiones al artículo 954 del Código Aduanero, que refiere a declaraciones inexactas, por las cuales las empresas podrían recibir multas millonarias.

En todos los casos se estaría en presencia de triangulaciones indebidas, ya que la maniobra consistió en importar la mercadería directamente desde Paraguay, con refacturaciones de intermediarios radicados en otros países.

En las operaciones investigadas la mercadería fue importada a la Argentina para ser procesada y luego reexportada.

Así, bajo el régimen de importaciones temporales, el valor del insumo ingresado al país se deduce de los eventuales derechos de exportación del producto elaborado en la Argentina.

De esta manera, la sobrefacturación de las importaciones les permitió a las empresas investigadas deducir casi u$s 4 millones más de lo que correspondía.

De acuerdo con el reporte del organismo, el valor declarado total ascendería a los u$s 16.210.925, pero su valor real sería de u$s 12.312.279, por lo cual la sobrefacturación totalizaría u$s 3.898.646, es decir un 31,66% del valor real.

Como ejemplo de la operatoria se difundió un caso en el cual el circuito real de la mercadería ingresó a la Argentina procedente de Paraguay en forma directa para su procesamiento en el complejo agroindustrial local.

Sin embargo, el circuito de facturación se realizó con intermediario radicado en Suiza que declaró un circuito inicial de la mercadería exportada desde Paraguay hacia Chile por u$s 473 la tonelada, para luego hacer el proceso de importación desde Chile hacia la Argentina a un valor de u$s 625,60. De esta manera, se justificaría el proceso por el cual se lograba una sobrefacturación del 32,02%.

Las autoridades nacionales señalaron que "nada puede explicar la comisión mayor al 30% que cobra el intermediario respecto de la mercadería adquirida en Paraguay". Se presume que el verdadero objetivo de la maniobra es fugar al exterior divisas obtenidas a valor oficial.