En reunión de Comisión de Legislación Penal y Agricultura y Ganadería se avanzó en una reforma al Código Penal para penalizar el vandalismo rural y que el ingreso no autorizado en un campo sea un delito y ya no una contravención.

Con 41 firmas a favor del PRO y el apoyo de La Libertad Avanza y sus aliados, avanza el proyecto que penaliza el ingreso a un establecimiento rural y el agravamiento de penas para el daño a los bienes agropecuarios.

Durante el debate en comisión, Martín Ardohaín (PRO-La Pampa), Presidente de la Comisión de Agricultura y autor del proyecto fue enfático en afirmar que es necesario salir de la “visión urbanística del Código Penal que tanto abandono y desprotección le generó al interior” y destacó que un gran paso para proteger a las familias que viven en el campo.

José Colombatto, vicepresidente de Confederaciones Rurales Argentinas, había anticipado durante su intervención en la exposición rural de Hasenkamp (Entre Ríos, el tratamiento parlamentario del proyecto sobre vandalismo rural, una iniciativa promovida por CRA para incorporar herramientas que permitan enfrentar con mayor eficacia los ataques, daños y hechos delictivos que afectan a los establecimientos agropecuarios.

"Es una enorme satisfacción que una preocupación concreta de los productores haya llegado al Congreso. Esto demuestra que el trabajo gremial no termina en un comunicado; cuando un problema del productor se convierte en una discusión parlamentaria, estamos cumpliendo con nuestra responsabilidad institucional", remarcó Colombatto.

Algunos puntos importantes

Intrusión rural: nuevo delito, con penas de 1 mes a 1 año de prisión, para quienes ingresen sin autorización a establecimientos rurales delimitados por alambrados, tranqueras, vallas o carteles.

El ingreso no autorizado, particularmente en horario nocturno o sin un fin específico, constituye un riesgo independientemente de si se verifica o no un delito posterior. Tipificar como delito esta conducta evita que quede relegada al terreno impreciso de las contravenciones locales.

Daño agravado: establece penas de 2 a 8 años de prisión y multas de hasta 12 veces el daño causado por destruir o dañar cultivos, ganado, silobolsas, sistemas de riego, paneles solares, bombas, alambrados, tranqueras, silos y otra infraestructura productiva. Sin duda la afectación no debe evaluarse únicamente en función de cuánto sale reponerlos, sino de su función dentro de un sistema productivo interdependiente.

El marco legal vigente protege el domicilio urbano bajo el principio de inviolabilidad. En el ámbito rural, en cambio, el límite equivalente (la tranquera, el alambrado, la señalización) no recibe el mismo tratamiento, aun cuando cumple una función análoga: delimitar un espacio privado destinado a la producción y a la vivienda. Esta desigualdad se agrava por las condiciones estructurales del entorno rural: grandes distancias, caminos en mal estado que dificultan el acceso, falta de cobertura telefónica y de internet, y lejanía de las fuerzas de seguridad.

A esto se suma la diversidad territorial. Cada región tiene sus propias condiciones de infraestructura, conectividad, presencia del Estado y acceso a la seguridad. No es lo mismo producir en la pampa húmeda que en zonas de frontera agrícola; no es lo mismo un establecimiento cercano a un centro urbano que uno ubicado a varias horas del pueblo más próximo; no es lo mismo la realidad de Buenos Aires que la de Santiago del Estero, Corrientes, Salta o la Patagonia.

Desde Fundación Barbechando advierten que "el campo deje de ser tierra de nadie. No alcanza con reaccionar ante cada hecho: necesitamos un marco normativo de largo plazo que dé seguridad a quienes producen y a las comunidades rurales, acompañando el desarrollo productivo de nuestro país", destacaron en un comunicado.

Cumplida la instancia de debate en comisión el proyecto queda en condiciones de ser tratado en el recinto para lograr su media sanción. Ya hubo una primera señal de apoyo que esperamos logre su media sanción antes de fin de año para que el agro tenga una herramienta real y concreta de resguardo.