Argentinos y brasileños

Uruguay restringe la compra de campos fronterizos

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El país vecino prepara una ley para enviar al Parlamento. La medida podría afectar a decenas de productores argentinos instalados en el campo uruguayo. Así; lo informó el ministro de Ganadería, Ernesto Agazz.

El gobierno uruguayo se apresta a enviar al Parlamento un proyecto de ley que limite la tenencia de tierras en zonas fronterizas, lo que puede afectar a decenas de productores argentinos instalados en el campo uruguayo, según informó el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Ernesto Agazzi al diario local "El Observador".

El texto del proyecto no está claro y consultores agropecuarios dijeron a LA NACION que consideran que habrá mecanismos para que los productores argentinos puedan mantener su negocio con alguna variante juridica. "La industria de los testaferros ya está montada", dijo un consultor privado.

El ministro Agazzi, que está de gira por Israel, Suiza y Corea en la comitiva del presidente Tabaré Vázquez, dijo que el objetivo es crear una "zona de seguridad fronteriza" y que a medidados de setiembre el Poder Ejecutivo enviará el proyecto al Parlamento.

Agazzi aseguró que la ley "dará tiempo para que se nacionalice la propiedad" de la tierra en las zonas limítrofes del país y que los extranjeros podrán tramitar la ciudadanía uruguaya o poner a nombre de nacionales su propiedad. Eso se hará en un proceso gradual que podrá llevar muchos años, según reconoció el propio ministro. "Pero lo importante es tener ya la ley", dijo Agazzi.

La izquierda uruguaya tuvo como bandera histórica el combate a la "estranjerización de la tierra", pero justo cuando se produjo su llegada al gobierno nacional en 2005 se produjo en el país un cambio de manos de propiedad de campos, con gran ritmo de compras por parte de inversores argentinos.

Y dentro de la izquierda uruguaya, esa bandera de "defensa del campo" fue con más énfasis en el "Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros" (MLN-T) que hoy es mayoría en el Frente Amplio y maneja los ministerios de Ganadería y también de Trabajo.

Agazzi, que es dirigente del MLN-T, dijo que "ya fueron adoptadas todas las definiciones conceptuales" de la nueva ley que prohibirá a extranjeros y sociedades anónimas tener tierras en la frontera del país. Agregó que falta definir la extensión que tendrá esa nueva "franja protegida" que se fijará en el límite con Brasil y Argentina, hacia el interior del país.

El objetivo del proyecto no es ideológico, sino de cuidados sanitarios, según las autoridades de Ganadería y Agricultura. Procuran evitar evitar el ingreso de enfermedades y virus que afecten al ganado yel agro, además de combatir el contrabando y el tráfico de animales. Hay muchos propietarios de campos a uno y otro lado de la frontera y según el ministro eso aumenta las posibilidades de trasladar animales de un país a otro sin control alguno (a través de ríos y arroyos).

El ministro dijo que el "ancho" de esta zona exclusiva para propietarios uruguayos puede definirse en kilómetros, como hizo Brasil y Argentina. Inicialmente se habia pensado en crear una franja de 50 kilómetros a lo largo de la frontera, pero esos números están en consideración ahora, porque según Agazzi, se estudia la opción de aplicar otro criterio, que puede ser en base a las "secciones judiciales" de los departamentos, o a las "seccionales policiales".

En el gobierno otras secretarías de Estado tienen una postura más flexible sobre el tema, como en el Ministerio de Economía donde priorizan la inversión y temen por un efecto de caída del precio de la tierra, si el proyecto no contempla la situación de los inversores atraídos en los últimos tiempos. Consideran que esos productores innovaron en tecnología lo que ha beneficiado a todo el agro uruguayo.

Si el proyecto se concreta en ley habrá una reglamentación por decreto sobre la forma en que se aplicará y ahí se prevé la mano del presidente Vázquez y del ministro de Economía, Astori, para contemplar a los inversores extranjeros. Los actuales dueños de tierras tendrán un plazo flexible para acomodar su situación y no tendrán que vender sus campos sino adecuarse a la normativa futura, dijeron fuentes del gobierno.

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