En la primera sesión luego del histórico rechazo al proyecto de retenciones móviles, el Senado aprobó por unanimidad la creación de una comisión bicameral de investigación de las exportaciones de cereales, ante la sospecha de que las empresas del sector habrían eludido el pago de unos 1.500 millones de dólares.

Luego de la tensa sesión que mantuvo en vilo al país –y que contó con la asistencia perfecta de los 72 integrantes de la Cámara-, la jornada de hoy constituyó un "anticlímax", pues muchos esperaban algún cruce entre el vicepresidente Julio Cobos y legisladores del oficialismo, que no se produjo.

Al pedir el tratamiento sobre tablas de la iniciativa, que pasó ahora a Diputados, el jefe de la bancada de senadores justicialistas, Miguel Ángel Pichetto, indicó que dicha comisión funcionará solamente durante 90 días.

Estará integrada por seis senadores y otros tantos diputados, y según pudo averiguar Noticias Argentinas por el Senado participarán tres miembros del bloque del FpV, dos radicales y un representante de los partidos provinciales.

La comisión sería presidida por el correntino Roberto Ríos, titular de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, una de las dos por donde pasó el proyecto de retenciones móviles.

Pichetto quiso alejar cualquier sospecha de que este proyecto fuera una especie de represalia hacia el agro por la caída del proyecto de retenciones móviles, al asegurar que "no se van a establecer responsabilidades al boleo, y se mandarán todas las actuaciones al ámbito de la justicia".

"Se va a actuar con toda la mesura y prudencia, pero también con toda energía", aseveró el legislador rionegrino, quien estimó que las maniobras denunciadas podrían implicar para el fisco la pérdida de unos 1.500 millones de dólares.

Aclaró luego que la comisión "no tendrá facultades excepcionales, y no podrá hacer allanamientos ni secuestrar documentación sin autorización de la justicia", siguiendo la jurisprudencia sentada en el caso Ítalo.

Aludió de este modo a lo que ocurrió en 1985 con la comisión de diputados que investigó la estatización de la compañía de electricidad Ítalo, producida durante la última dictadura, cuyos resultados fueron invalidados por la Corte Suprema debido a un allanamiento del estudio Klein & Mairal por parte de los legisladores, sin autorización judicial.

La iniciativa se aprobó con escaso debate, pues los senadores justicialistas y radicales consensuaron por la mañana sendas iniciativas similares, y durante el tratamiento en el recinto sólo se hicieron pequeños ajustes técnicos a la redacción de algunos artículos.

Las presuntas maniobras que se investigan habrían ocurrido entre noviembre del año pasado, cuando las retenciones a las exportaciones de soja aumentaron del 27 al 35 por ciento, y marzo pasado, cuando se instrumentaron las retenciones móviles.

Los exportadores habrían hecho la presentación anticipada de Declaraciones Juradas de Venta al Exterior (DJVE) sin haber efectuado la compra de granos y cereales.

Por lo tanto en el primer caso abonaron al Estado retenciones del 27 por ciento, pero compraron los granos posteriormente a los productores, a quienes les descontaron la nueva alícuota del 35 por ciento y se quedaron con la diferencia.

En particular, estarán bajo la lupa de la comisión las empresas Bunge, Cargill, Nidera, Aceitera General Deheza y Molinos Ríos de La Plata, que son las mayores exportadoras de cereales.