La Federación Europea de Fabricantes de Alimentos Compuestos (Fefac) expresó en un comunicado desde Bruselas que el "conflicto obstaculiza gravemente" las perspectivas de mercado para la Argentina, que abastece a la Unión Europea con 10 millones de toneladas de harinas y porotos de soja, por unos 2000 millones de euros.

Monsanto inició demandas judiciales en Holanda y Dinamarca contra los importadores de soja argentina, con el argumento de que el producto incluye el gen RR (resistente al herbicida glifosato), desarrollado por la compañía, pero que no se pagan regalías por la propiedad intelectual del desarrollo.

El gobierno argentino rechazó la acusación porque el gen no está patentado en el país y la producción de soja se realiza en el contexto de la ley de semillas. 

Endeclaraciones a La Nación el secretario de Agricultura, Miguel Campos, sostuvo que "no hay enfrentamiento con Monsanto", sino que "hay preocupación" por los efectos negativos que pudiera tener la demanda sobre las exportaciones agrícolas argentinas.

Según el funcionario, la única manera de que la controversia concluya es que Monsanto desista de las presentaciones judiciales. "Hay un abuso por parte de la empresa", opinó. Campos consideró también que la solución a la controversia se dará en el marco institucional con las cámaras que agrupan a las compañías del sector, como la Asociación de Semilleros Argentinos (ASA) y la Asociación Argentina de la Protección de las Obtenciones Vegetales (Arpov). Junto con esas entidades y el Instituto Nacional de Semillas (Inase), dijo, se está enfrentando el uso extendido de la semilla ilegal, conocido como "bolsa blanca". El secretario de Agricultura consideró que esa práctica no sólo perjudica a las empresas del sector, sino también los ingresos fiscales, ya que favorece la evasión impositiva. 

En otra parte del comunicado, la Fefac, que se declara neutral, afirma que las empresas europeas que fabrican alimentos para animales "no están preparadas para pagar por el uso de esa tecnología".

En la demanda, Monsanto reclama que si no hay una solución en la Argentina se debería pagar 15 dólares por tonelada en concepto de regalías. Los importadores europeos temen que si la demanda judicial prospera y es desfavorable se vean obligados a pagar ese monto, lo que les quitaría competitividad. Esa posición es compartida por los exportadores argentinos que se verían obligados a trasladar a los productores el mayor precio del producto. 

La entidad europea sostiene que los agricultores argentinos fueron los principales beneficiados por el ahorro de costos que supuso la adopción de la soja transgénica, por lo que deberían pagar por la tecnología "en la línea de los acuerdos internacionales".

Campos interpretó que esa petición respalda la posición del gobierno argentino, ya que el país cuenta con una ley de semillas y adhiere a los acuerdos de la Unión para la Protección de Obtenciones Vegetales (UPOV), la entidad internacional que regula al sector.

Por su parte, en Monsanto opinaron que el comunicado de la Fefac "refleja el pensamiento de los importadores europeos" sobre la controversia, según expresó el gerente de Relaciones Institucionales de la compañía, Federico Ovejero