Los diputados nacionales Ricardo Buryaile, de Formosa, y Claudio Lozano, de Capital Federal, sumaron sus propuestas al debate contra la extranjerización de tierras que se inició este miércoles en la Cámara baja de la Nación.

Buryaile está impulsando, en este marco, una iniciativa para que cada provincia fije los límites de compra de tierra por parte de extranjeros, y extiende también la limitación hacia la posesión y tenencia.

“Si bien es un proyecto con características similares al oficial, es superador del mismo ya que se basa fundamentalmente en principios federales, y que propicia la participación de las provincias contemplando sus intereses en pos del crecimiento y desarrollo”, destacó Buryaile.

La propuesta de Buryaile establece que el límite al dominio extranjero sobre la propiedad de las tierras rurales serán cuatro unidades económicas sustentables, cuya dimensión en hectáreas será determinada por la Legislatura de cada provincia de acuerdo a la localización y el destino de las mismas.

De esta manera, resalta el diputado opositor, “se busca que la ley se adecúe a la realidad de cada zona, ya que es sabido que no es lo mismo 1.000 hectáreas en la Pampa húmeda que en Formosa”. 



También propone que “la suma de áreas rurales pertenecientes a extranjeros no pueden exceder un cuarto de la superficie rural de los departamentos o partidos donde se sitúen, es decir, que no se fija un porcentaje límite nacional como lo hace el proyecto oficial, sino que se vuelve a poner en primer plano a las provincias”. 



El proyecto “establece una excepción, que tiene como finalidad propiciar las inversiones extranjeras en las provincias, en orden a su desarrollo y progreso. Así, se podrá exceder los límites a la titularidad de dominio en tierras rurales establecidos en la Ley, siempre que presenten un Proyecto productivo, que debe ser aprobado por la autoridad de aplicación correspondiente a la jurisdicción”. 



“Dicho proyecto productivo debe estar orientado a generar empleo formal utilizando mano de obra local, al mejoramiento de la calidad de los productos agropecuarios, garantizando la utilización racional de los recursos naturales”, se resaltó en la propuesta.

Su destino, se añade, “debe ser la producción, y debe requerir el abastecimiento de materia prima de origen rural. Las tierras rurales comprendidas en el plan deben ser sólo una parte del capital a invertir y no pueden superar el 25% del mismo”. 



Lozano, del interbloque Frente Amplio Progresista, por su parte, rechazó algunos puntos del proyecto para frenar la extranjerización de campos, que impulsa la Presidenta de la Nación, Cristina Fernández.

Sus principales discrepancias están relacionadas con que la iniciativa oficial “no contempla la fijación del tope, la noción de extranjerización frente a la vigencia de la trasnacionalización del capital; no atiende a la concentración de la propiedad concretamente en más de treinta grupos locales y extranjeros; y no considera las nuevas formas de producción, que permiten que el capital pueda explotar la tierra en una escala superior a la de sus propias propiedades”.

Criticó que la propuesta oficial fije el tope en no más del 20 por ciento del total de tierras rurales.

“Debe quedar claro que de acuerdo a los números que hoy se manejan respecto a la extranjerización existente, si se aplica dicho porcentaje sobre el total de tierras rurales, aún habría margen para que los extranjeros sigan comprando. Por ende, el tope pareciera demasiado alto”, indicó Lozano.

Para el diputado porteño, “la idea de combatir la extranjerización aparece como antigua frente al hecho objetivo de la trasnacionalización. Situación esta que involucra a capitales que, pese a ser de origen local, divorcian también su comportamiento así como la asignación del excedente de las fronteras nacionales”.

“Esto es particularmente importante en el caso argentino ya que cuando se observa la propiedad de la tierra en la región pampeana los que dominan ese territorio no son los extranjeros sino los grupos locales trasnacionalizados. Grupos como Bemberg, Loma Negra, Banco Mercantil, Werthein, Ingenio Ledesma, Pérez Companc y Bunge y Born ocupan posiciones dominantes”, resaltó.

El legislador consideró, además, que en el proyecto oficial está “ausente” el tema de la concentración, aún cuando sea en mano de empresas locales.

“Unos 1.200 propietarios controlan el 30% de las 27 millones de hectáreas agropecuarias en la provincia de Buenos Aires y solo 54 propietarios concentran el 9% de dicho total”, ejemplificó.

Lozano también rechaza la iniciativa oficial por considerar que “no considera las actuales formas de producción, concretamente el arrendamiento, que permiten que el capital, vía el alquiler de miles de hectáreas, pueda explotar la tierra en una escala superior a la de sus propias propiedades”.

Así, consideró el diputado, “aún bajo control local de la propiedad, vía arrendamiento, el capital extranjero puede explotar la tierra sin inconvenientes”.

Fuente: El Enfiteuta