Después de Petrobras, ahora son los productores rurales brasileños los próximos afectados por la onda de nacionalización desatada por el presidente de Bolivia, Evo Morales. Entre 100 y 200 productores de soja de Brasil, la mayor parte de ellos ubicados en el territorio boliviano a menos de 50 kilómetros de la frontera con Brasil, temen ser alcanzados por los programas de regularización y expropiación de tierras que las autoridades bolivianas pueden anunciar en forma inminente.
Los productores brasileños de soja instalados en Bolivia producen casi el 35% de la soja del país, que es el segundo ítem más importante en la nómina de exportaciones bolivianas.
Aunque Morales ya le comunicó al presidente Luiz Inacio Lula da Silva que los productores brasileños no se verán afectados por las nuevas normas, el cumplimiento de una antigua norma puede terminar provocando la expulsión de los brasileños: la prohibición, establecida en la Constitución, de que extranjeros posean tierras en una franja de hasta 50 kilómetros de distancia de la frontera.
"Vamos a restablecer allí la soberanía nacional, recuperando el derecho de propiedad para el Estado", dijo al diario Folha de S. Paulo el ministro de Desarrollo Rural, Agropecuaria y Medio Ambiente, Hugo Salvatierra. Fue precisamente allí donde los brasileños se instalaron desde la década del 90, en busca de tierras baratas y fértiles e impuestos mucho más bajos que en Brasil. Según medios locales, plantadores de soja brasileños ya comenzaron a hacer las averiguaciones legales para obtener la ciudadanía boliviana y así no ser afectados por la ley.
La empresa siderúrgica brasileña EBX, que estaba ubicada dentro del área no permitida a extranjeros pero arrendándoles la tierra a propietarios bolivianos, tuvo que cancelar sus operaciones hace dos semanas después de que Morales le prohibió la instalación de un alto horno.
El gobierno boliviano anunció que está terminando de preparar aproximadamente ocho decretos y un proyecto de ley que va a establecer la expropiación de tierras sin uso o que empleen mano de obra esclava o cuyos dueños no puedan comprobar la compra legal de la propiedad.
Ayer, durante una interpelación en el Congreso para explicar la nacionalización boliviana y las actuaciones del gobierno de Lula, el canciller Celso Amorim se refirió a la reforma agraria. Después de calificar de "adolescente" la forma en que fue hecha la nacionalización del gas, Amorim dijo que ahora el gobierno está "atento" para evitar que la nacionalización de tierras en Bolivia afecte intereses brasileños. "Las propiedades brasileñas son muy productivas", dijo en referencia a la amenaza de Morales de expropiar propiedades improductivas.
Fuente: La Nación