Una de esas oficinas estaba ubicada en Piedras 519, séptimo piso, departamento B, según coinciden en apuntar varias denuncias recogidas por diputados de 18 bloques opositores que, a partir de esta investigación periodística, decidieron recopilar pruebas para dar sustento a una denuncia penal por presunta "asociación ilícita" contra Ricardo Echegaray, ex titular de la ONCCA en 2008, y Emilio Eyras, su sucesor hasta el mes pasado.

Esa denuncia, según uno de los coordinadores de la Mesa de Consenso Agropecuario, el macrista Cristian Gribaudo, se concretará en las próximas semanas, y se sumará a dos causas judiciales que están en manos de los jueces Norberto Oyarbide y Alejandro Castellanos. Una de ellas es el caso de los subsidios a feed lots que no existían, canalizados a través de personas de bajos recursos de Mar del Plata .

Varios testimonios recogidos por Clarín confirmaron la existencia de la oficina de la calle Piedras. Pero habrían existido otros puntos de reunión. Una segunda oficina habría estado ubicada a sólo una cuadra del Ministerio de Agricultura, en un edificio de Paseo Colón y el pasaje Giuffra. Y dos empresarios, que pidieron reserva de su nombre, admitieron haberse reunido, de noche, con funcionarios de ONCCA en un entrepiso de un bar ubicado sobre avenida Libertador, cerca de Retiro.

Debido al escándalo de los subsidios, Echegaray tuvo que resignar el control político que ejercía sobre la ONCCA, que maneja más de 3.600 millones de pesos anuales para el pago de compensaciones. El actual titular de la AFIP comandó el organismo entre abril y diciembre de 2008, y luego designó a Eyras, un contador de su mayor confianza. Frente a las denuncias, Eyras fue reemplazado por el ex ministro santacruceño, Juan Manuel Campillo. Curiosamente, según las fuentes, el ex jefe de la ONCCA nunca mantenía reuniones en privado con empresarios.

El informe que preparan los diputados en base a 200 denuncias menciona a otros colaboradores cercanos al titular de la AFIP que podrían estar involucrados en las irregularidades. Los bloques opositores pedirán a la justicia que investigue especialmente el papel desempeñado por el actual subdirector del organismo recaudador, el marplatense Fernando Villaverde, y Marcelo Utje, viejo socio de Eyras y coordinador general de la ONCCA hasta hace pocos días.

En la investigación también surgen los nombres de los coordinadores Sergio Paleo (Compensaciones), Julián Coronel (Inscripciones) y Cristian Ingratta (Legales), así como los de los empleados Oscar Villaverde (hermano de Fernando), Oscar Piovano, Bernardo Calcagno y Luis Gentile.

FUNCIONAMIENTO DE LA ONCCA

"Operativo descontrol" en el reparto de subsidios millonarios

Los empleados de la ONCCA hablan del "operativo descontrol" para referirse al proceso por el cual un organismo creado para controlar a los evasores del sector agropecuario se convirtió -en poco menos de dos años- en un ámbito sospechado de corrupción y discrecionalidad en el manejo de subsidios que hoy suman 3.600 millones de pesos anuales. Según este relato, hubo jalones bien claros que permitieron semejante transformación.

El sistema de compensaciones a diversos sectores agroindustriales nació el 11 de enero de 2007 por Resolución 9 del Ministerio de Economía y Producción. A partir de allí, la ONCCA publicó diversas normativas específicas para cada sector y en todas ellas se determinaba que, para acceder a los subsidios, las empresas debían presentar gran cantidad de documentación. Por caso, los feed lots tenía que enviar a la ONCCA todos los DTA (documento de tránsito de animales) de ingreso y salida de hacienda, y las facturas de compra de maíz y demás productos utilizados para el engorde de los animales. La ONCCA chequeaba esos datos y cruzaba información con AFIP, SENASA y otros organismos. Recién después de esos controles habilitaba cada pago.

La llegada de Ricardo Echegaray a la ONCCA, en abril de 2008, cambió el modo de hacer las cosas. Primero, porque se modificó el sistema de registro de ingreso de documentación, que comenzó a realizarse a través de la pagina de AFIP mediante un sistema informático bautizado "Jauque". El nuevo sistema otorga a los expedientes un código alfanumérico al azar, en el que ya no consta el año de inicio del trámite. Rompió con la lógica seguida hasta ese momento por el Ministerio de Economía y el resto de la administración pública.

Una segunda modificación se produjo en julio de 2008, cuando Echegaray dictó la Resolución 1747. Con el proclamado objetivo de establecer "un procedimiento administrativo que de operatividad y agilidad al régimen", dicha norma eximió a "todos los interesados en acceder a las compensaciones de acompañar las constancias documentales que respalden las operaciones volcadas en las declaraciones juradas". Es decir, de ahí en más bastó con la palabra de cada operador. La ONCCA sólo se reservaba el derecho de "corroborar" la información declarada.

El desaguase de los controles continuó por esos meses con la desvinculación forzada de muchos viejos trabajadores que conocían la operatoria, para dejar el lugar a "coordinadores" sin antecedentes designados por Echegaray. Noemí Muchnik, una Administradora Gubernamental que estaba a cargo del sistema por decisión del ex jefe de Gabinete, Alberto Fernández, no llegó a convivir ni dos meses con la nueva gestión.

Otro paso fue la resolución 2839 firmada por el ex titular de la ONCCA el 13 de agosto de 2008, que curiosamente nunca salió publicada en el Boletín Oficial. Con el objetivo declarado de "simplificar los procedimientos internos", esa norma determinó que los expedientes ya no pasarían por el Area de Legales de la ex Secretaría de Agricultura, sino que bastaría para el pago con el visto bueno de los coordinadores de Compensaciones y de Inscripciones. Desde ese entonces, las resoluciones de pago citan el aval jurídico de una "Coordinación Legal y Técnica de la ONCCA", que no existe formalmente porque el organismo todavía no cuenta con estructura definitiva. Así, dicen las fuentes, se desmanteló la última instancia de control interno.

Desde el inicio del sistema de compensaciones, la ONCCA distribuyó 5.787 millones de pesos. Dos terceras partes de esos pagos se realizaron bajo el "operativo descontrol".

Clarín - Matías Longoni