La Sociedad Rural Argentina (SRA) emitió un comunicado para explicar su posición frente al fallo del juez Ricardo Farías en el que tramita una causa penal contra varios de los directivos de la entidad, incluido Enrique Crotto ex presidente de la SRA durante la privatización del predio ferial de Palermo.

Según publica El Enfiteuta, la entidad ruralista asegura haber comprado el predio ferial de Palermo, en 1991, “respetando estrictamente el marco legal y los procedimientos de valuación y venta de activos del Estado”. Para llevar adelante las obras de modernización y ampliación a las que se había comprometido al momento de la compra, “tomó un crédito con el Bapro por 69 millones de dólares que ya devolvió en un 76% y cuya cancelación está al día”, señala la SRA.

En el juzgado de instrucción N° 14, a cargo del juez Ricardo Luis Farías, tramita una causa penal contra varios directivos de la Sociedad Rural Argentina (SRA), donde se investiga nuevamente todo lo relacionado a la compra del predio ferial de Palermo.

En la causa se investiga el destino dado al predio y el otorgamiento del crédito del Bapro. En este proceso se acaban de dictar los procesamientos de varias personas, entre los que se encuentran funcionarios del Bapro y dos directivos de la SRA.

“Lamentablemente la justicia penal ha cometido varios errores groseros de interpretación de los hechos y del derecho, que confiamos serán revertidos en las instancias posteriores de ambos procesos”, sostuvo la entidad en defensa de los procesados y vinculó la situación judicial a la disputa política con el gobierno.

“Entendemos el avance de la causa como consecuencia de su politización que llegó a límites extremos: como el intento de confiscación del inmueble por parte del Estado Nacional en diciembre de 2012”, recordó la SRA.

“Ese predio era ocupado legítimamente por la entidad desde 1875, a través de una cesión de uso gratuita firmada en la esfera del Estado Nacional. Hasta 1991 se dispusieron 7 prórrogas, promulgadas por gobiernos de diferente filiación partidaria. Durante ese período la SRA construyó los pabellones que hoy son considerados monumentos históricos -el Pabellón Frers, el Restaurante Central, la Sala de Ventas-“, explicó la Rural.

Finalmente, la compraventa se llevó a cabo en 1991. El monto de la operación fue fijado por el Estado Nacional, que para establecerlo solicitó tres tasaciones: al Banco Ciudad de Buenos Aires, el Banco Hipotecario y a un Consorcio de Empresas Inmobiliarias. Los valores variaron entre 30 millones y 32 millones de dólares, indicó la entidad.

La SRA explicó que para fijar esos montos “los tasadores tuvieron en cuenta que el predio se encontraba fuera del mercado inmobiliario -por las restricciones que limitan su uso y comercialización- ya que al momento de la compra, la SRA asumió en ese mismo acto una serie de contraprestaciones adicionales” que incluyeron diversos destinos del inmueble y obras.

También una participación del 5% “en de la recaudación anual de las ventas de entradas de las boleterías de ingreso al Predio por los eventos que se realicen en el mismo y depositarlos a la orden del Estado Nacional Argentino”.

La SRA consideró “infundadas las razones por las cuales se inició la causa”, y aseguró que “el procesamiento que pesa sobre ex directivos de la SRA es nulo y, por lo tanto, será impugnado”. En la indagatoria a los imputados se averiguó por un crédito por 106 millones de dólares que supuestamente nunca se habría devuelto, “cuando el monto realmente prestado fue de alrededor de 69 millones de dólares. La devolución de este crédito está al día y ya se completó su pago del 76%”, dijo la entidad.

“Con ese monto se construyeron cinco pabellones de 40 mil metros cuadrados, 1.100 cocheras, depósitos y áreas de servicio y un edificio de oficinas con salas. Todas estas obras están hoy a la vista y se hicieron para dar cumplimiento al cargo impuesto por el Estado Nacional al momento de la venta del predio”, concluye el comunicado.