La sequía que castiga a gran parte del país se ensañó especialmente con Entre Ríos. Aunque suene paradójico, en todo su territorio no hay una gota de agua a un metro de profundidad. Las pérdidas en maíz, girasol, sorgo y soja ascenderían a 800 millones de pesos y en ganadería sería superior a 285 millones. Los daños golpearán fuertemente a toda la cadena agroindustrial de la provincia. Lo que sucede allí sirve para ilustrar un drama que tiene alcances nacionales.

Los datos surgen de un estudio realizado por la Bolsa de Cereales de Entre Ríos (BCER). Al respecto el vicepresidente de esa institución, Oscar Montero, contó preocupado: "El impacto de la sequía es económico pero también social, ya que de la cadena agroalimentaria depende el 40% de los empleos de esta provincia", y agregó: "Es por eso que más del 80% de la población sentirá las consecuencias".

La preocupación de Montero tiene fundamentos sólidos. Del millón y medio de hectáreas sembradas con maíz, girasol, sorgo y soja se perdieron casi 900 millones. El cultivo más perjudicado es el maíz: había 160.000 hectáreas sembradas y sobrevivieron sólo 16.000. La pérdida para este cultivo es del 90 por ciento y equivale a 176 millones de pesos.

Similar suerte corrió el girasol con una pérdida del 50 por ciento de la superficie sembrada que representa 25 millones de pesos. En sorgo se disiparon 51.700 hectáreas. Para sembrar esa superficie se invirtieron 62 millones de pesos en insumos y gastos de laboreo.

La soja también está castigada. Según Montero, "se perderá el 50 por ciento de la que se sembró tempranamente y la poca soja de segunda que logró nacer está en muy mal estado." La pérdida estimada para este cultivo es de 531 millones de pesos.

Hay que tener en cuenta que la realidad de la provincia es aun peor a los datos provistos por la BCER, porque para calcular las pérdidas en pesos no se consideraron los gastos por arrendamiento. Este no es un simple detalle ya que el 70% de los productores entrerrianos trabaja lotes alquilados.

Ganadería y lechería

La ganadería también vive un drama. En terneros, se perdieron 42 kilos por cabeza y en novillos, 54 kg. Esto quiere decir que se esfumarán más de 285 millones de pesos.

Según un informe de la Sociedad Rural de Entre Ríos, el proceso de pérdida de producción de los pastizales comenzó en otoño (bajas lluvias de marzo y una helada temprana en abril) y se intensificó a partir de las bajas temperaturas. A esta falta de forrajes se sumó la falta de aguadas.

Muchos productores utilizan como alternativa el traslado del ganado a las islas de la provincia que están más preservadas de la sequía. Pero la bajante del Paraná hace que las embarcaciones puedan llevar a la mitad del ganado que habitualmente cargan. Esto encarece muchísimo el costo de fletes.

El sector lácteo también sufre las consecuencias. Según la Cámara de Productores de leche de Entre Ríos (Caproler), bajó 40 por ciento la producción de leche: de 30 millones de litros mensuales a 16. Esto determinaría el cierre del 10 al 15 por ciento de los tambos, que dejarían a 1125 empleados en la calle.

Al día de hoy, los números son aterradores, pero las consecuencias se sentirán con toda la furia a fines de marzo, cuando comiencen a vencerse los créditos que los productores tomaron para hacer frente a los gastos que demanda la siembra.

De los 2300 millones de pesos gastados por los productores entrerrianos "más del 50 por ciento tiene vencimiento entre marzo y mayo en las cuentas corrientes de cooperativas, acopiadoras y agronomías", informa el trabajo de la BCER.

Entonces comienza una cadena interminable de incumplimientos financieros que tiene repercusión en toda la economía provincial. Montero dijo que con este nivel de pérdidas "el productor no puede pagar la deuda que tiene con los proveedores de semillas, ni con los de agroquímicos. A su vez, para prestarle al productor, las cooperativas y acopiadoras contrajeron deuda con otras entidades financieras con las que no podrán cumplir si el productor no llega a hacer frente al crédito que tomó".

El agricultor no es el único que sentirá el fuerte impacto de esta sequía, también otros sectores económicos sufrirán las consecuencias.

Un ejemplo de ello es la caída que tendrá el flujo de transporte de carga, ya que bajará bruscamente la demanda de fletes. Según la BCER habrá tres millones menos de toneladas para transportar que representan una pérdida para el sector transportista de 164 millones de pesos.

Otra producción que sufrirá indirectamente la pérdida de cultivos es la avicultura, la falta de maíz perjudicará la alimentación de los pollos. Este hecho adquiere particular relevancia si se tiene en cuenta que Entre Ríos es la productora del 50 por ciento de los pollos que nacen en el país, según indicó Noelia Zapata de la Cooperativa Agrícola Regional.

Para alimentar a esos pollos, los productores necesitan un millón de toneladas de maíz que este año tendrán que traer de otras provincias , hecho que aumentará increíblemente el costo por fletes. Zapata dijo que el productor no está en condiciones de afrontar ese gasto y agrego: "Por eso estamos pidiendo a la provincia la posibilidad de acceder a créditos especiales con una bonificación del interés a tres años."

Esta desoladora situación hizo posible que el país viera una foto que difícilmente hubiera imaginado desde el conflicto por la resolución 125: Alfredo De Angeli, titular de la Federación Agraria de Entre Ríos, junto a otros dirigentes rurales locales, sentado a la misma mesa que el gobernador kirchnerista, Sergio Urribarri.

En emergencia agropecuaria

Después de la reunión, Urribarri declaró a la provincia en emergencia agropecuaria y al maíz en "estado de desastre" hasta el 30 de junio.

Los productores habían pedido que esa medida se extendiera hasta el 31 de mayo de 2010. A pesar de no haber conseguido ese plazo, Montero prefirió ver el vaso medio lleno y dijo: "Hay que tener en cuenta que es la primera vez que logramos reunirnos con el gobernador desde el 11 de marzo de 2008."

La declaración de emergencia implica una exención impositiva para el productor que, en este caso, se extiende hasta el 30 de junio. Sólo incluye a los impuestos provinciales como el inmobiliario. Para alcanzar la exención de los impuestos nacionales es necesario que la emergencia sea homologada por el Poder Ejecutivo Nacional.

Las entidades rurales entrerrianas también le solicitaron al gobernador que pidiera al gobierno nacional aportes económicos no reintegrables para los productores agropecuarios; que solicite al Banco Nación la reprogramación de deudas vencidas durante el período de desastre con un plazo de tres años y la creación de nuevas líneas de crédito para afrontar la próxima campaña agrícola. Además, pidieron la instrumentación de un sistema de subsidios de las cargas sociales para evitar los despidos por ajustes económicos.

Fuente: La Nación