Legisladores del bloque del Frente para la Victoria (FpV) buscarán mañana definir una fecha para el tratamiento en el recinto de Diputados del proyecto para intervenir el mercado de arrendamientos agropecuarios.

Mañana miércoles el presidente de la Comisión de Agricultura de Diputados, Alberto Cantero Gutiérrez (Córdoba; FpV), se reunirá con la titular de la Comisión de Legislación General Vilma Ibarra (Capital Federal; Encuentro Popular y Social) para tratar el tema.

“Mañana me reuniré con la diputada Ibarra para buscar un acuerdo final y lograr que este proyecto se trate –sí o sí– al menos en 15 días, junto a otros temas que deben abordarse en el recinto”, aseguró hoy a Infocampo.com.ar Cantero Gutiérrez.

El proyecto de arrendamiento agropecuarios ya tiene dictamen de comisión y está habilitado para tratarse en el Congreso hasta el 30 de noviembre próximo (luego el dictamen expira).

Cantero Gutiérrez dijo que “si llegaran a surgir (pedidos de) modificaciones” del proyecto, los mismos deberán ser tratados durante la sesión en el recinto de Diputados, para de esta manera evitar que la iniciativa vuelva a debatirse en las comisiones respectivas.

Los legisladores de la oposición ya tienen, en cambio, una postura unificada: pedirán que las posibles modificaciones que puedan solicitarse se realicen en el ámbito de la Comisión de Agricultura de Diputados.

“Si tiene que haber modificaciones, que se realicen mediante un amplio debate donde se escuchen todas las posturas”, indicó hoy a Infocampo.com.ar el diputado Christian Gribaudo (PRO; Buenos Aires), quien es vicepresidente de la Comisión de Agricultura de la Cámara baja.

“No vamos a dejar, aunque ellos intenten meterlo en alguna sesión, que este tema se trate sin la seriedad que corresponde, por la simple premisa de querer sancionar antes de diciembre las leyes que después les será imposible sancionar", añadió.

Hasta fines de noviembre próximo el oficialismo (bloque del FpV + aliados) cuenta con las voluntades necesarias para realizar una aprobación “express” del proyecto de arrendamientos.

Si bien la iniciativa original para regular el mercado de arrendamientos agropecuarios surgió hace años en el ámbito de Federación Agraria (FAA), en agosto de este año la entidad dijo por medio de un comunicado que “el proyecto de ley de arrendamientos que intenta impulsar el gobierno nacional no es el adecuado, ni se presenta en el momento indicado, pues la credibilidad de este gobierno es nula”.

Cuáles son los aspectos más controvertidos del proyecto oficialista sobre arrendamientos

Establece un tope máximo de área “de 10 unidades económicas” y un plazo mínimo de cinco años. También condiciones el tipo de cultivo y la tecnología empleada por el arrendatario.

El proyecto impulsado por el oficialismo para intervenir el mercado de arrendamientos agrícolas establece que una persona física o jurídica sólo podrá alquilar un máximo de 10 unidades económicas (artículo 6).

¿Qué significa eso específicamente? Todo depende de lo que determine la reglamentación de la norma en cuestión. Si, por ejemplo, se estableciese que en Entre Ríos dicha unidad es de 300 hectáreas, entonces una empresa que opera en esa provincia sólo podrá alquilar un máximo de 3000 hectáreas y no más.

El texto del proyecto también dispone que cuando en los contratos “no se estipule plazo o se estipule uno inferior a cinco años”, el arrendatario, de todas maneras, tendrá derecho a ejercer el alquiler por un plazo de cinco año (artículo 17).

Además, se establece que “deberá indicarse en el contrato la conformación de la rotación, el modelo tecnológico a utilizar y los criterios centrales del manejo de cultivos que aseguren el cumplimiento de este punto” (artículo 25). Es decir: se obliga a sembrar trigo o maíz en el marco de un plazo de cinco años. En las actuales condiciones del mercado local de granos, tal hecho hace inviable el negocio agrícola en campos de terceros (vale recordar que alrededor del 60% del área agrícola argentina se produce en el marco de arrendamientos).

También se indica que “los contratos regulados por esta ley deben observar las reglas del buen cultivo y de la buena técnica agraria, practicando una agricultura sostenible y resguardando la diversidad biológica” (artículo 82). Y luego se aclara que “sin perjuicio de lo establecido en las leyes especiales, la reglamentación fijará las condiciones para el cumplimiento de esta norma y las penalidades por su violación”. En otras palabras: la norma indicará a los productores cómo deben producir.

Otro aspecto controvertido es aquel que determina que “si se produjera la pérdida total o parcial de la cosecha debida a caso fortuito o fuerza mayor que implique riesgos no asegurables, el arrendatario tendrá derecho a la remisión proporcional del precio del arrendamiento, excepto si la pérdida resulta compensada con el producido de las cosechas precedentes” (artículo 11).

“Si la pérdida no resultara compensada, la remisión no podrá tener lugar sino al final del arrendamiento, en cuya oportunidad se efectuará computando el resultado de las cosechas obtenidas durante toda la vigencia del contrato” (es decir: al término de los cinco años). Hasta tanto se opere la compensación final, podrá dispensarse provisoriamente al arrendatario del pago del precio a la pérdida sufrida”, añade el texto del proyecto.

La iniciativa no indica los plazos de implementación de la normativa una vez que ésta sea aprobada en el Congreso, aunque el diputado oficialista Alberto Cantero Gutiérrez indicó hoy a Infocampo que la idea es aplicarla con 90 días posteriores a la reglamentación de la misma (con lo cual entraría en vigencia recién a partir del ciclo 2010/11).

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