En lo que seguramente se constituyó el encuentro más largo que hasta ahora mantuvo en sus primeros días como secretario de Agricultura, Javier de Urquiza se reunió ayer durante más de siete horas con los máximos dirigentes de las cinco entidades del campo.

Había una gran expectativa previa respecto de que el Gobierno podía adelantarles a los ruralistas algunas de las medidas que piensa tomar en carnes, trigo, maíz y para resolver las deudas de unos 9000 productores con el Banco Nación.

Sólo a última hora se conocieron algunas posibles soluciones que el Gobierno aceptaría para esos cuatro problemas que hoy serán tratados en una reunión, desde las 11, con el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, y la ministra de Economía, Felisa Miceli.

En líneas generales, el encuentro se dio en un clima de mutua "confianza" y cordialidad, según se dejó trascender. De hecho, en un paréntesis de la reunión los ruralistas se quedaron a comer sandwiches en la cartera agrícola y no se retiraron a otro lugar. Prueba de la supuesta cordialidad, circuló el rumor de que se convino una especie de acuerdo para que no se filtraran detalles del encuentro a la prensa.

Reunión preparatoria

La Secretaría de Agricultura se encargó de aclarar un comunicado que la reunión -donde Urquiza se entrevistó con Luciano Miguens, presidente de la Sociedad Rural; Mario Llambías, presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA); Fernando Gioino, presidente de Coninagro; Ulises Forte, vicepresidente de Federación Agraria, y Horacio Delguy, presidente del Frente Agropecuario Nacional- fue "preparatoria".

Pese a que hoy se conocerían oficialmente las soluciones propuestas por el Gobierno a los reclamos del campo, ya hay algunos esbozos de lo que buscarían hacer las autoridades.

En el caso del trigo, donde su precio interno, de 370 pesos la tonelada, está lejos de los 420 que según Agricultura puede pagar la demanda, se buscaría que el productor reciba una compensación por esa diferencia.

El Gobierno ya implementó, con la suba de 4% de las retenciones a la soja, un subsidio a los molinos para que pagaran el precio lleno a los productores. No obstante, en la práctica el esquema no funcionó para la producción. El Gobierno ahora intentaría que el subsidio llegue directamente al productor vía su clave bancaria uniforme.

Respecto del maíz, además de los subsidios para la avicultura y la lechería, más los que se sumarán la próxima semana para los feed lots (empresas de engorde a corral) y la producción porcina, se buscaría implementar una ayuda directa para los productores que también usan ese cereal para engordar su hacienda. En este caso, el Gobierno estaría dispuesto a incorporar a los productores al subsidio, más allá de algunas dudas de última hora sobre su implementación. "Hay que hacer algo con el maíz [el cereal subió más de 80 por ciento su precio el último año]para que se pueda seguir produciendo más carne", reclamó ayer una fuente.

En cuanto a los pasivos de unos 9000 deudores del campo con el Banco Nación, ya está tomada la decisión política de refinanciar a más de 10 años y subsidiar tasas para que queden por debajo de un dígito. Por último, en el tema carnes, el más conflictivo de resolver y que se llevó casi la mitad del encuentro, el Gobierno promovería crear un fondo -al estilo de lo aprobado recientemente con el sector lácteo- con los mejores precios internacionales para que los productores puedan tener una mejor rentabilidad. No se descarta una liberación parcial de los controles sobre Liniers. "Es una gran incógnita lo que va a resolver el Gobierno. Esperemos que mañana [por hoy]tengan algo en la manga", dijo una fuente.

Los técnicos de las entidades, que en principio también iban a tomar parte del encuentro, finalmente se quedaron en una sala contigua a la que se desarrollaba la reunión. Como nadie los consultó, se retiraron a la sede de CRA para almorzar. Algunos leyeron en ese dato que se le buscó darle un perfil más político al encuentro; otros observaron que el Gobierno no quería abrir el debate sin antes consensuar internamente una propuesta técnica más que política. Esto es, con Fernández, Miceli y el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, que tiene controlado desde noviembre pasado el Mercado de Liniers con una lista de precios máximos para la hacienda que se vende.

Fuente: La Nación