La iniciativa es autoría del Senador de Islas del Ibicuy, Eduardo Melchiori (PJ), y fue presentada en febrero de 2005.

El legislador expresó su beneplácito por el respaldo que ambas cámaras dieron a la propuesta, en el Senado fue aprobada en julio, y manifestó: "la ley de Fuego será exitosa, en la medida que exista cooperación de los interesados".

En el articulado de la iniciativa recientemente aprobada, Melchiori subraya la necesidad de implementar un sistema provincial eficiente de coordinación y asistencia dirigida por los órganos específicos con la responsabilidad, en cuanto a la protección de recursos naturales previniendo incendios rurales y forestales. En tal sentido propone como autoridad de aplicación a la Dirección General de Recursos Naturales -o a la que la reemplace en al futuro- quedando facultada para pedir la colaboración de la Policía provincial, de Defensa Civil y de organismos dependientes de la Nación o municipios e incluso de empresas privadas, a fines de combatir el fuego y evitar daños a bienes y personas.

El texto incluye también, la declaración "de interés público" de las medidas tendientes a prevenir y combatir incendios rurales y menciona como atribuciones y obligaciones de la autoridad de aplicación "elaborar, implementar y controlar el Plan provincial anual de prevención y lucha contra el fuego en Áreas Naturales y Forestales".

Por otra parte, Melchiori destaca que es imprescindible y necesario establecer un nuevo modelo de gestión que brinde un marco de referencia para la actuación de la Autoridad de Aplicación y los demás organismos provinciales, "por lo que debemos tomar la experiencia internacional en la conveniencia de contar con una organización basada en una estructura de mando única y una gestión descentralizada, para los distintos niveles jurisdiccionales, siempre respondiendo a parámetros técnicos".

Por último, el representante de Islas en la Cámara Alta entrerriana destacó lo necesario de contar con una normativa "clara" para que la Justicia actúe contando con elementos que hagan punible los daños ocasionados al patrimonio natural. "Se tiene que aplicar el Código Penal, que tiene penas de cárcel para los culpables de incendios, respetando siempre el debido proceso", concluyó.