Este miércoles los bloques políticos de las principales fuerzas de la oposición anunciaron un acuerdo para reflotar el debate sobre la suba a los haberes jubilatorios en relación al 82% móvil, ya sancionada por el Congreso pero vetada por el Ejecutivo a fines de 2010.

La UCR, el socialismo, el GEN y la Coalición Cívica adelantaron que presentarán un proyecto hoy, jueves, que impulsa una consulta popular para ratificar el aumento jubilatorio sobre el cual esperan tener un contundente apoyo de la ciudadanía.

La iniciativa estaría en condiciones de ser dictaminada y tratada en unos tres meses, estiman desde la oposición, y en medio de una campaña electoral precozmente lanzada para las elecciones de octubre la política el debate promete ser caliente.

Suerte muy distinta parece correr para las preocupaciones de las entidades de la Comisión de Enlace que supieron ser niños mimados de la clase política, cuando la pelea entre el campo y el gobierno daba rédito político frente a las cámaras.

Las consecuencias se vieron en las elecciones legislativas de 2009 cuando el kirchnerismo fue derrotado al buscar plebiscitar su modelo frente a la oposición política, pero también al ruralismo devenido en principal ariete de sus adversarios.

Pero en estas elecciones de 2011, los jubilados aparecen en el horizonte electoral como mucho más redituables que las demandas -todavía no satisfechas- de las entidades agropecuarias que protagonizaron el conflicto en 2008.

Cualquier integrante de la Comisión de Enlace dirá, palabras más o menos, que la política del gobierno sigue siendo mala respecto del sector agropecuario, si es que la hay. El gobierno, obvio, seguirá afirmando lo contrario.

La oposición, en tanto, parece haber ya hecho su negocio y ahora abraza la causa de los jubilados para intentar inclinar la balanza del electorado, que tras la muerte de Néstor Kirchner, viene favoreciendo a Cristina según todas las encuestas.

Lo cierto es que más allá de algún intento individual desde las bancas de los legisladores, la corporación agropecuaria no tendrá el apoyo incondicional de las estructuras partidarias.

Públicamente se hablará se colocará al campo, como la víctima del gobierno, pero en los papeles parece existir la convicción que las demandas agropecuarias ya no suman políticamente.

Así las buenas intenciones quedarán en manos de los legisladores que llegaron desde las entidades para defender con más énfasis en el Congreso las causas que consideran justas y reivindicativas.

En este 2011 que arrancó movidito, tendrán al parece una tarea doble. Convencer al oficialismo de las necesidades de legislar a favor de la producción agropecuaria, sino lo que es peor convencer a sus propios compañeros de banca.

Los precandidatos a cargos ejecutivos que hoy ocupan bancas en el parlamento, ya no quieren ni oír hablar de leyes para bajar retenciones, según las consultoras el tema hoy provoca más rechazo que apoyo en el electorado.

El oficialismo buscará en cambio, impulsar una sola ley que se relacione con el campo: la modificación al régimen de trabajo agrario, puesto en primer plano desde los medios oficialistas a partir de los casos de trabajo esclavo.

Lo que parece haber pasado a un plano infinitamente menos prioritario para la política en estos días es la situación del sector agropecuario cuyos reclamos desde la mesa de Enlace vienen siendo más o menos los mismos que antes, cuando los legisladores compartían mesas de discusión frente a la prensa nacional.

Los derechos de exportación, su eliminación, reducción, segmentación, o lo que fuera mediante una ley no entra ahora de las prioridades

Fuente: El Enfiteuta