En un ambiente propicio para lo que puede ser una nueva serie de enfrentamientos entre el Gobierno y las entidades rurales, las dirigencias de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) y de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap) volvieron a protestar ayer por las medidas que aplicó el Gobierno en el sector con el objetivo de contener los precios de la carne y el trigo.
"Que un gobierno se equivoque al planificar políticas y consiga efectos contrarios a los buscados es grave; pero insistir con las mismas sin aceptar errores es dramático", dijo Mario Llambías, presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), que renovó sus críticas al Gobierno en la Exposición Rural de Venado Tuerto, luego de un período en que su entidad bajó su participación en las negociaciones entre el campo y el sector oficial.
"No aceptamos las disculpas por haber arrastrado a la ganadería de cría a la peor crisis, porque no queremos formar parte del empresariado prebendario que vive a la sombra del gobierno de turno", dijo, por su lado, Pedro Apaolaza, presidente de Carbap, en la Exposición de Rural de Junín.
El mal humor entre productores de carne y trigo viene arrastrándose desde hace unos meses, por la percepción que hay en el sector de que, luego del acuerdo de la carne en mayo, poco parece haber cambiado. Una sensación que la lenta aplicación de las compensaciones y el alto índice de liquidación de vientres parecería confirmar, y que se plasma en los discursos de los dirigentes rurales en cuanta exposición hay.
"En carnes teníamos un escenario hace dos años que nos permitía pensar en aumentar la producción para abastecer el consumo y los mercados externos. Fueron tantos los errores cometidos por el Gobierno que hoy retrocedimos, y debemos realizar esfuerzos para que no se destruya el rodeo", dijo Llambías, para luego agregar que, con una faena de junio de 1,25 millones de cabezas, se viene "una marcada liquidación de stocks".
En la misma sintonía, pero desde Junín, Apaolaza dijo que la ganadería enfrenta una crisis sin precedente: "No existen antecedentes de tantas resoluciones, regulaciones, prohibiciones, precios de referencia que nadie respetó, registro de exportación manejado según el humor del funcionario de turno, compensaciones, aplicación de normativas inexistentes, todo elaborado y aplicado sin criterio ni justificación", dijo Apaolaza.
"No resulta posible producir a costo pleno para luego tener que vender la producción a precio impuesto por el Gobierno, habilitando el accionar de Guillermo Moreno, quien con su obsecuencia, falta de sentido común y perversa actitud para manejar estadísticas ha puesto de relieve la incapacidad de esta administración para gobernar", agregó Apaolaza.
Promesas incumplidas
Luego de hablar de la carne, ambos dirigentes dedicaron varios párrafos a otro de los motivos de queja del campo: el trigo. "Recordamos que Alberto Fernández y Javier de Urquiza prometieron que el productor no perdería con el trigo, como ocurrió en la cosecha 2006/2007. Sin embargo, nuevamente se presiona a los exportadores y molineros para concretar un nuevo despojo al productor", dijo Llambías, y enfatizó: "Queremos que el Gobierno cumpla con la palabra empeñada".
Por su lado, Apaolaza criticó "el desmanejo que hace el Estado a través de sus intervenciones en los mercados granarios". Y ante el rechazo de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia de la denuncia realizada por Carbap contra las exportadoras de trigo, por presunta cartelización, el dirigente anunció que se prepara una apelación ante la justicia penal tributaria para continuar con el reclamo. "Debemos dejar de pedir permiso para producir y exportar", enfatizó Apaolaza.