Con el fin de establecer un mecanismo permanente de protección arancelaria para la industria molinera nacional, los senadores Jaime Naranjo (PS), Jaime Gazmuri (PS), Hosaín Sabag (DC) y Guillermo Vásquez (PRSD) pidieron a la Presidenta de la República que patrocine un proyecto que modifique el actual régimen de importación de mercancías al país y que establezca un arancel del 31,5% para la harina de trigo.
Los parlamentarios presentaron un proyecto de acuerdo que deberá ser votado por la Sala del Senado donde solicitan al Ejecutivo que establezca una vigencia provisoria de 4 años para las sobretasas o contingencias arancelarias, prorrogables por un período no superior a los 4 años.
Asimismo, propusieron suprimir toda referencia al establecimiento de derechos específicos y rebajas arancelarias para el trigo y la harina de trigo y reponer la facultad de la Comisión de Distorsiones de Precios de las Mercaderías Importadas, para recomendar la fijación de medidas que adoptarán la forma de aranceles preestablecidos a ser aplicados a las importaciones de trigo bajo determinadas circunstancias.
Los legisladores recordaron que "tras siete años de deliberaciones, la Organización Mundial de Comercio (OMC), oficializó el fallo final (a favor de la Argentina) que declara incompatible el sistema chileno de bandas de precios para el trigo y la harina de trigo con las obligaciones de nuestro país ante dicho organismo". Durante el año 2003, el Gobierno de Chile modificó el sistema de bandas de precios, tomando como compromiso con los agricultores un esquema de protección arancelaria adicional, a través del piso de la banda hasta el año 2014.
Por lo tanto, los senadores recalcaron "la necesidad de readecuar el sistema legal chileno, de manera de respetar el dictamen de la OMC y el compromiso con los agricultores nacionales". De este modo, puntualizaron que "la fórmula legal que reemplace el sistema de bandas de precios para el trigo y la harina debe ser simple, transparente y clara, de manera de garantizar la debida certeza jurídica respecto de las reglas que rigen para la importación de dichos productos".
Indicaron que "pese a que la industria molinera nacional es perfectamente competitiva a los precios internacionales de trigo, ésta se ha visto menoscabada en los últimos años por las distorsiones provenientes desde el extranjero".
Los parlamentarios impulsores del proyecto de acuerdo expresaron que "no obstante, los altos precios internacionales del trigo, se requiere de un mecanismo que permita otorgar protección arancelaria adicional, tal como garantiza la actual ley de bandas de precios, por un horizonte razonable de tiempo, en circunstancias excepcionales de precios bajos, que pueden darse a futuro".
En ese sentido, "manifestaron que la OMC reconoce a todos sus miembros la facultad de aplicar sobretasas arancelarias en la forma de medidas de salvaguardia, es decir elevando los aranceles ante circunstancias extraordinarias de aumentos de importaciones o baja de los precios por un período de aplicación de 8 años en total, y en el caso de países en desarrollo, hasta los 10 años".