La medida deja fuera a "aquellos actos administrativos u otros que por su naturaleza jurídica requieran de una especial presentación quienes podrán usar otro tipo de papel".

Según expresa el texto, "las áreas de compras y suministros de todos los organismos, deberán comprar papel sin procesos de producción química contaminante, método TCF, debiéndose aumentar paulatinamente la utilización de aquellos que contengan el 20 por ciento de fibras recuperadas, pudiendo ser estos de color mate u opaco, condición que deberá quedar fehacientemente aclarada en los pliegos de llamado a licitación y/o para la compra directa de este elemento".

Establece que "el Consejo General de Educación en conjunto con la Dirección de Recursos Naturales y la Dirección General de Ecología y Control Ambiental, promoverán planes de concientización formal y no formal, para que todos los habitantes de la provincia conozcan los beneficios del reciclado del papel y el no uso del papel denominado Alto Blanco de origen Alcalino".

Por su parte, "el Gobierno Provincial invitara a la actividad privada a adherirse a estas medidas del no uso del papel Alto Blanco de origen Alcalino y la utilización del papel confeccionado con un porcentaje de fibras recuperadas y libres de cloro durante su proceso de industrialización".

El proyecto presentado por el senador Melchiori considera que seguir utilizando una "enorme cantidad de papel blanco de origen alcalino proveniente de plantas que utilizan el cloro para su blanqueo, es contradictorio con la lucha que llevan adelante la provincia y la Nación contra la contaminación".

"Estamos hablando que las plantas que utilizan cloro son contaminantes, entonces por qué consumimos el producto, pudiendo consumir aquellos que vienen de plantas no contaminantes", argumento con lucidez el senador, quien advirtió también que este tipo de papel, denominado Alto Blanco de origen alcalino, es también nocivo para la vista.

La idea es que también adhieran a esta iniciativa, que en principio abarca a la Administración Pública y entes descentralizados, los municipios y las empresas privadas.