El vocero presidencial Manuel Adornis, anunció la semana pasada, que el presidente Javier Milei decidió eliminar determinados fondos fiduciarios, medida basada en que, según la mirada presidencial, estos fondos fiduciarios “carecen de transparencia”, “son parte de cajas de la política” y son de dos mil millones de dólares.

El anuncio impactó en la preocupación de los productores ovinos de la región patagónica, ya que, entre esos fideicomisos apuntados por el Presidente sin discriminar, figura el fondo que administra los recursos de la Ley de Recuperación de la Ganadería Ovina, “una de las pocas políticas de Estado que han sobrevivido a los cambios de gobierno de los últimos años”, destacó el productor Enrique Jamieson.

Vale la pena mencionar que el fideicomiso que se armó para administrar los fondos de la Ley 25.422 para la Recuperación de la Ganadería Ovina, fue sancionada originalmente el 4 de abril de 2001, y su continuadora Ley 27.646, de octubre de 2021, que le dio continuidad a este régimen de promoción del ovino y, sobre todo, actualizó los presupuestos destinados a ese sector que habían quedado congelados históricamente en 20 millones de pesos/dólares y que se actualizó a 850 millones de pesos. Un dato no menor, es que luego de las elecciones legislativas del 2021, el anterior gobierno nacional promulgó la extensión de la Ley Ovina hasta 2031.

Los fondos suelen ser aplicados a mejoras de campos o a la compra de reproductores. Hay dos vías, los Aportes No Reintegrables (ANR) apuntan sobre todo a financiar proyectos de producción, priorizando la agricultura familiar y el asociativismo. “Para acceder al beneficio se debe presentar un proyecto en un formato estandarizado. La solicitud correspondiente debe ser aprobada por acta de la UEP y posteriormente por la Autoridad de Aplicación del Régimen”.