El Gobierno nacional elaboró un anteproyecto de Ley de Desregulación que propone una de las reformas más amplias sobre el funcionamiento de la actividad agropecuaria y agroindustrial de los últimos años. La iniciativa modifica o deroga normas que regulan la producción, la comercialización, la logística y la promoción de distintos sectores, bajo el argumento de reducir intervenciones estatales, eliminar aportes obligatorios y favorecer una mayor competencia.
Entre los capítulos con mayor impacto para el campo sobresalen los cambios en el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (Ipcva), la Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar), el régimen de arrendamientos rurales, la legislación vitivinícola y el cabotaje, considerado estratégico para reducir los costos logísticos de las economías regionales.
Uno de los cambios más significativos alcanza al Ipcva. El proyecto plantea que el organismo continúe funcionando, pero dejará de financiarse mediante los aportes obligatorios que actualmente realizan productores y frigoríficos por cada animal faenado. En su lugar, el Fondo de Promoción de la Carne Vacuna pasará a sostenerse con contribuciones voluntarias, donaciones, herencias, ingresos provenientes de capacitaciones, certificaciones y servicios técnicos, además de los rendimientos financieros de esos recursos. La eliminación del aporte obligatorio no será inmediata. El texto prevé un régimen transitorio que mantendrá el sistema actual hasta abril de 2027 y luego reducirá los topes de las contribuciones hasta septiembre de ese año. A partir del 1 de octubre de 2027, cesará definitivamente la percepción obligatoria y cualquier importe cobrado con posterioridad deberá devolverse al aportante, salvo que éste decida transformarlo en un aporte voluntario. También se instruye al Senasa y a la Secretaría de Agricultura a dejar de recaudar esos fondos. En definitiva, el Fondo de Promoción de la Carne Vacuna pasará a sostenerse con contribuciones voluntarias, donaciones, herencias, ingresos provenientes de capacitaciones, certificaciones y servicios técnicos, además de los rendimientos financieros de esos recursos. En relación a este specto, se divulgó un comunicado firmado por los jefes de todas las entidades que integran el Instituto, donde expresa su rechazo a la iniciativa.
Otro de los capítulos de mayor impacto apunta directamente a la Corporación Vitivinícola. El anteproyecto deroga la Ley 25.849, que dio origen al Plan Estratégico Vitivinícola, y establece un proceso de cierre de la entidad. Primero deberá presentar, en el plazo de un mes desde la entrada en vigencia de la ley, un informe de cierre de gestión, con una rendición completa de cuentas, detalle de las acciones ejecutadas y el estado de todos los recursos administrados. Luego dispondrá de otro mes para llevar adelante la liquidación de la corporación. Si esos plazos no se cumplen, la Secretaría de Agricultura quedará facultada para designar un interventor o un liquidador que complete el proceso. Los recursos remanentes pasarán al patrimonio del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV).
En materia productiva, el proyecto también propone derogar la histórica Ley de Arrendamientos y Aparcerías Rurales (Ley 13.246) y su modificatoria, la Ley 14.432. Los contratos actualmente vigentes continuarán rigiéndose por la legislación actual hasta su vencimiento, pero los nuevos acuerdos quedarían sujetos exclusivamente al régimen general del Código Civil y Comercial, otorgando una mayor libertad contractual entre propietarios y productores.
Otro de los cambios que podría tener fuerte impacto sobre el agro es la reforma del régimen de cabotaje nacional. El proyecto habilita que buques de bandera extranjera puedan transportar cargas entre puertos argentinos, una actividad hasta ahora reservada principalmente a embarcaciones nacionales. Según el texto, la medida busca aumentar la competencia y reducir los costos del transporte marítimo y fluvial interno, un aspecto considerado clave para mejorar la competitividad de las exportaciones agroindustriales y de las economías regionales. Los armadores extranjeros podrán operar libremente informando su ingreso a la autoridad competente y deberán incorporar progresivamente tripulación argentina o residente a medida que prolonguen su permanencia en el país. Además, el proyecto incorpora beneficios fiscales para el cabotaje, simplifica el acceso al combustible exento de impuestos para embarcaciones nacionales y promueve inversiones destinadas a la modernización de la marina mercante y la infraestructura portuaria. Fuente: Revista Chacra