Así lo indicó el titular de la Federación Agraria, Eduardo Buzzi, minutos después que el oficialismo leyó el proyecto consensuado en el bloque, que deja intocables las retenciones móviles, aunque amplía el universo de productores beneficiados por la devolución de fondos.

Buzzi le dijo a Noticias Argentinas que quedó "muy preocupado" por esa iniciativa, donde primó la posición de mantener las retenciones móviles.

"Esto se encuentra muy lejos de lo que pretendíamos desde la Comisión de Enlace", explicó Buzzi.

El Frente para la Victoria definió el dictamen de mayoría, que plantea la ratificación de la polémica resolución 125 y establece el tope de compensaciones a pequeños productores en 750 toneladas.

Si bien se hablaba de elevar esa cifra hasta 1.000 toneladas, el oficialismo cerró su oferta en 750, luego de que su idea inicial fuera fijar el tope en 500.

Además, el proyecto que propone el FpV establece que el ONCAA quedará a cargo del pago de las compensaciones a los pequeños productores, las que se efectuarán luego de "30 días hábiles" a partir de la presentación de los requisitos necesarios.

La dirigencia agropecuaria manifestó su preocupación por el rumbo que está tomando el debate sobre las retenciones móviles y advirtió que si no se modifica la resolución que las puso en marcha será "difícil alcanzar la paz" en el país.

"Si queremos un país en paz, le pido a los diputados que suspendan las retenciones móviles", enfatizó el titular de la Federación Agraria de Entre Ríos y referente clave de los ruralistas durante todo el conflicto, Alfredo De Angeli.

Por su parte, el titular de la Sociedad Rural Argentina, Luciano Miguens, consideró que las modificaciones que el oficialismo impulsaría sobre el proyecto de ley sobre retenciones móviles, para aumentar las compensaciones pero mantener los porcentajes de los derechos de exportación, "no resuelven" el conflicto entre Gobierno y campo.

Los pasos que dio el bloque oficialista en la Cámara de Diputados para tratar de ratificar la resolución 125, como se les exige desde la Casa Rosada a través del jefe del PJ, Néstor Kirchner, generaron preocupación en las filas del agro.

De Angeli dijo creer que los diputados están "legislando con conciencia, sin ningún tipo de presión", pero admitió que existen muchas dudas sobre cómo saldrá la ley.

"Lo mejor que puede pasar, si queremos tener un país en paz, es que los diputados que suspendan la resolución 125 por 180 días, 150 o el tiempo que a ellos le parezcan para que podamos hacer una ley, un plan agropecuario", sostuvo De Angeli.

"Después de 120 días no se puede llegar a una solución en 48 horas, hay que tratar el tema del agro en forma integral, junto con la lechería, la ganadería y las economías regionales", dijo De Angeli en declaraciones que formuló en el salón de acceso a la Cámara de Diputados.

El dirigente agropecuario concurrió al Palacio Legislativo para tener contactos, según señaló, con legisladores de la oposición para explicar su posición en torno a las retenciones móviles.

Por su parte, Miguens señaló: "Vemos que la medida oficial no va a permitir que se supere el conflicto. El productor está pidiendo la suspensión de la resolución 125".

En declaraciones radiales, Miguens reconoció que las iniciativas de los legisladores oficialistas "generan malestar" entre los productores, y advirtió que "cualquier medida que se tome tiene que buscar superar el conflicto".

En tanto, el secretario general de la Federación Agraria Argentina, Omar Barchetta, fue contundente: "No aceptaremos que se nos devuelva dinero vía compensación, y que las retenciones queden al valor en el cual están" actualmente.

"Esta diferencia que hoy tenemos con el Gobierno en cuanto a las retenciones es crucial, ya que si no se hacen los cambios que pretendemos volveremos al mismo lugar de antes" -en referencia a los cortes de ruta-, enfatizó el directivo.

El proyecto consensuado por el oficialismo ratifica la resolución 125 del Ministerio de Economía de marzo de 2008, sus modificatorias y sus derogatorias posteriores, y crea, en el marco del Ministerio de Economía, un régimen para dar compensaciones a los pequeños productores de soja o girasol, mediante la acreditación de los requisitos necesarios, a través de una clave bancaria única.

Los beneficiados tendrán como tope las 750 toneladas de cosecha, en tanto que, los que no sean monotributistas, deberán acreditar declaraciones juradas que no superen los 750 mil pesos.

Se establece que las sumas recaudadas estarán destinadas al Fondo nacional de Redistribución.

Se destinará el 60 por ciento para la construcción y remodelación de hospitales y centros de salud; 20 por ciento para la construcción de viviendas populares; y el resto para la extensión y mantenimiento de caminos rurales.