La medida del magistrado correntino agrega un nuevo matiz al conflicto que se disparó entre los gobiernos de ambas provincias. Establece que hasta que se resuelva la cuestión de fondo -una supuesta inconstitucionalidad de la normativa en cuestión- queda sin efecto su aplicación.

Como ya informó LA NACION, varias empresas dueñas de molinos que operan no sólo en territorio correntino, sino también en Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires, presentaron distintos recursos de amparo frente a la prohibición de disponer de yerba mate canchada o seca, que en su gran mayoría proviene de Misiones, cuyo gobierno entiende que se busca dar mayor valor agregado a la materia prima si se la envasa en esta provincia.

La ley 4459 entró en vigor en noviembre y desató un fuerte debate en ámbitos empresariales y gremiales. Miembros del Sindicato de la Alimentación de Corrientes realizaron piquetes a la vera de las rutas nacionales 12 y 14 distribuyendo panfletos donde advierten que corren peligro de perderse alrededor de 1200 empleos directos y otros 3000 indirectos en la provincia por la aplicación de la nueva norma.

El fiscal de Estado de la provincia vecina, Fernando Carabajal, manifestó ayer que se acudirá a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, al entender que la normativa sancionada por el Parlamento de Misiones "es una aberración jurídica".