El proyecto del diputado Miguel Bonasso (Partido de la Revolución Democrática-Capital Federal) sobre "Presupuestos mínimos ambientales para la protección de montes nativos", que ya fue aprobado en la Cámara baja y que se debate en el Senado, ha provocado la oposición de productores y políticos norteños, que advierten que se compromete la fuente laboral.
La ley Bonasso, como se la conoce en el ambiente, generó reacciones tan apasionadas como contradictorias. Entre los ambientalistas fue aplaudida, porque se la leyó como un avance en materia de cuidado de los bosques nativos, especialmente en el NOA, donde se dice que el avance de la soja se está haciendo a expensas de los montes nativos.
En la vereda de enfrente, productores forestales, dirigentes y políticos norteños se oponen a la ley, porque la consideran una amenaza a las fuentes de trabajo de una zona que no tiene muchas más posibilidades que el aprovechamiento de sus recursos naturales.
En el medio, Jorge Barros y Jorge Scarpa, de la Asociación Forestal Argentina (AFOA), dijeron que la idea de hacer un marco de protección de los bosques nativos "es muy buena", pero que "no hay que instalar la idea de restringir la tala, sino hacer un manejo racional y sustentable".
Pese a reiterados intentos, LA NACION no tuvo éxito en contactarse con Bonasso. Pero los fundamentos de la ley están explicados en el portal de Greenpeace ( www.greenpeace.org.ar ), ONG que apoya el proyecto (junto a otras entidades, como la Federación Agraria). Allí dice que "la propuesta establece una moratoria a los desmontes por un año o hasta que cada provincia haga un ordenamiento en sus bosques, para que el territorio sea utilizado de manera racional".
Para los que se oponen a la ley (las provincias, que tienen más peso en el Senado que en Diputados), los dos problemas principales que tiene son, primero, que pone en riesgo miles de fuentes de trabajo en provincias con altos índices de desocupación y pobreza, y en segundo lugar, que establece la competencia de la Secretaría de Medio Ambiente sobre cuestiones referentes a los bosques, cuando la Constitución establece que sólo las provincias tienen el manejo de sus recursos naturales.
Fuerte resistencia
"Tuve una reunión con el sector productor, que nos hizo conocer su inquietud por el proyecto", explicó la senadora Sonia Escudero (FV- Salta), que critica el proyecto por considerar que "amenaza fuentes de trabajo importantes para una región empobrecida" como el NOA. "El proyecto dice que hay que mantener intocable la superficie de bosques, con lo que se pierde la vía de incorporar hectáreas en una zona donde las únicas salidas son el agro y el turismo", dijo Escudero. "Además, si bien coincidimos en que hay que proteger el bosque, los recursos son de las provincias", finalizó Escudero, quien agregó que, en Salta, la industria maderera genera 10.000 empleos.
"Los productores somos conscientes de la necesidad de hacer desarrollo sustentable", dijo Milagros Patrón Costas, presidenta de la Sociedad Rural de Salta. "La provincia tiene un marco adecuado con la ley 7070. No desconocemos la facultad de la Nación de proponer presupuestos para proteger el bosque nativo, pero sin vulnerar derechos provinciales. Las consecuencias de esta ley, de ser sancionada, llegarían a todos los salteños", agregó, para luego destacar que en Salta hay un 20% de la superficie inutilizada que podría ser aprovechada para el agro.
"En el Norte se deforestaron 300.000 hectáreas para cultivar soja. Pero el concepto no debe ser la intangibilidad de los bosques, sino su manejo. Hay que tomar como ejemplo a los países que hicieron un buen manejo de bosques, como Finlandia. Necesitamos un plan de manejo a largo plazo", dijeron en AFOA.
La ley está siendo estudiada por el Senado, y si bien trascendió que el proyecto tiene el aval del presidente Néstor Kirchner la resistencia del interior en la Cámara alta sería muy difícil de quebrar.