Si el kirchnerismo apretó el acelerador luego de la derrota electoral de 2009, tras el sólido triunfo del domingo en las primarias puede decirse que el gobierno vio luz verde para pasar a una velocidad ultra sónica.

La presidenta, a menos de 24hs de conocido el resultado electoral, despertó de su sueño al Congreso de la Nación y pidió que se tratara la ley que envió al Parlamento para limitar la adquisición de compras de tierras a extranjeros en abril último.

La respuesta la dio este martes la diputada Vilma Ibarra, titular de la comisión de Legislación General –cabecera del proyecto– ya anticipó que en los primeros días de septiembre convocará a reunión conjunta a Agricultura y Ganadería, y Asuntos Constitucionales para debatir la iniciativa.

Las dos últimas comisiones están presididas por la oposición y como en casi todas, la mayoría la ostenta el arco anti K. En la de Agricultura el tucumano Juan Casañas (UCR), y en Constitucionales la duhaldista Graciela Camaño.

Ambos diputados vaciaron en junio la reunión convocada en forma conjunta por Ibarra para tratar la ley, cuando asistió el Ministro de Agricultura Julián Domínguez a explicar el proyecto del Ejecutivo, que se sumó a la docena de iniciativas ya presentadas anteriormente por todos los bloques, incluidos los del oficialismo.

En Diputados es un secreto a voces que salvo excepciones, los legisladores integrantes del ex grupo A, rechazan el tratamiento de la ley. Se enrolan en esa postura el grueso de los agrodiputados (incluido Casañas) salvo los federados Pablo Orsolini y Ulises Forte, con proyecto propio de la FAA.

Tampoco están contestes a avalar una ley de esa naturaleza los legisladores del PRO que presentaron en forma tardía una propuesta, para no quedar en evidencia, al ser el único bloque que no tenía un proyecto sobre el tema.

Dentro del Peronismo Federal hay quienes están de acuerdo con el espíritu de la ley pero sin demasiadas definiciones públicas, se percibe una división de opiniones sobre los alcances de la norma.

En tanto desde sectores filo oficialistas ligados al campesinado y la producción primaria no representada en la Comisión de Enlace, ya fijaron posición de respaldo a la ley que desde hace mucho tiempo reclaman.

Por caso uno de los referentes del Movimiento Campesino de Liberación (MCL), José Luis Livoltti, aseguró en un comunicado emitido el martes que desde esa organización “saludamos” la iniciativa presidencial de reactivar el debate de la ley de tierras en el Congreso.

El MCL, que formó parte de la FAA dio el portazo de la entidad, tras el conflicto por la 125 con duras críticas a la conducción federada por la integración de la Mesa de Enlace y lo que consideró una defensa de los grandes productores y la resignación de la defensa del campesinado.

El MCL calificó como “imprescindible” la sanción de la ley de tierras para que se “ponga freno al proceso extranjerizador, en virtud de la voracidad de los capitales extranjeros” que por la crisis financiera internacional se lanzarán a la compra de campos.

No obstante, el límite a la extranjerización de tierras es un viejo reclamo de la FAA, al que adhieren importantes sectores del cooperativismo como Agricultores Federados Argentinos (vinculada a la FAA) y ACA (Asociación de Cooperativas Argentinas, relacionada con Coninagro).

Justamente el sector cooperativo es el que viene recibiendo señales desde el Ministerio de Agricultura desde fines del año pasado con miras a fortalecer ese sector productivo y exportador.

El Enfiteuta