Con el doble propósito de controlar los precios de los alimentos y, a la vez, calmar el nerviosismo entre los productores -muy ofuscados por la constante intervención oficial en la actividad-, el Gobierno les anunció a las entidades rurales una serie de medidas que podrían beneficiar al campo.

En esa reunión, el secretario de Agricultura, Miguel Campos, sorprendió a los dirigentes del sector, pero no pudo vencer del todo su escepticismo.

Entre hoy y mañana, el funcionario firmará una resolución por la cual los exportadores de trigo quedarán obligados a transferir a la industria molinera alrededor de 5 millones de toneladas del cereal, un tercio de la producción total estimada.

Así, el Gobierno se aseguraría la estabilidad del precio del pan durante un 2007 dominado por la campaña electoral y podría terminar con la parálisis del mercado local del trigo, que no registra operaciones desde hace quince días.

Según pudo saber LA NACION, la molinería pagará a los exportadores unos US$ 120 la tonelada -muy por debajo de su valor internacional, que ronda los US$ 180-. El resto de la cosecha, alrededor de 9 millones de toneladas, se comercializará en el mercado abierto, en el que Agricultura espera que el precio al productor llegue a los US$ 140 la tonelada.

De hecho, Campos les prometió a los ruralistas la creación de un índice de precios de referencia que se publicaría semanalmente.

En concreto, por cada tonelada que una empresa exportadora destine al mercado externo, tendría que asegurar media tonelada más para el ámbito doméstico y deberá asumir el costo de no vender a precios internacionales, que para el caso del trigo subieron en octubre un 26,4% respecto del mes anterior. Malas cosechas a causa de la sequía en los principales países productores provocaron una escasez mundial del cereal que hizo trepar los precios.

"Lo que pedimos es simple: que nadie se quede con lo que no le corresponde", dijo Horacio Delguy, presidente del Frente Agropecuario Nacional (FAN), presente en el encuentro con Campos, en referencia a los buenos márgenes de rentabilidad que vienen manejando los exportadores.

Por otro lado, hoy, a las 15, se reunirá por primera vez la Comisión de Seguimiento del Mercado de Ganados y Carne, integrada por representantes de la producción, la industria, la intermediación y el propio Gobierno. Allí se verán las caras los protagonistas de los acontecimientos que vienen sacudiendo a la actividad ganadera, como la lista de precios máximos de la hacienda que circula en el Mercado de Liniers desde hace al menos dos semanas.

El plantel oficial estará integrado, entre otros, por el propio Campos; el temido secretario de Comercio Interior, Guilermo Moreno, y el secretario de Política Económica, Oscar Tangelson.

En ese encuentro, el Gobierno podría aceptar un viejo reclamo de los ganaderos: la flexibilización de la norma que fija un peso mínimo de faena de 280 kilogramos. Con eso se buscaría proveer una mayor oferta de carne en el ámbito doméstico que termine frenando el avance de los precios de la hacienda en pie. El peso mínimo de faena, que rige desde agosto de 2005, es una de las medidas con las que se buscó aumentar la producción de carne ante un escenario de crecimiento de la demanda interna y externa.

No son pocos los que ven detrás del pronunciado aumento del ganado una jugada de los frigoríficos "consumeros" (dedicados al mercado interno) y de los exportadores para forzar una nueva restricción de las exportaciones que termine beneficiándolos, como habría ocurrido con la prohibición declarada en marzo pasado.

"Seguramente, se nos quiso poner sobreaviso de que hay gente operando para llevarnos a un escenario como el de la veda", razonó Silvio Corti, delegado de la Federación Agraria Argentina (FAA), en la reunión con Campos.

Ante los representantes de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Confederación Intercooperativa Agropecuaria (Coninagro), FAA y FAN, el secretario de Agricultura aseguró que de ninguna manera "habrá suba de retenciones ni prohibición de exportaciones de ningún producto agropecuario".

En una reunión que duró más de dos horas, también dio precisiones acerca de los motivos por los cuales el viernes último se cerró indefinidamente el registro de exportaciones de maíz: el 93% de las ventas externas inscriptas fueron registradas por sólo seis empresas, habría precisado, aunque sin dar nombres.

Por eso, el Ministerio de Economía estaría preparando un decreto para modificar los plazos que manejan los exportadores en el registro de Declaraciones Juradas de Ventas Externas (DJVE), donde al anotar las operaciones quedan definidas las condiciones de pago al productor y al fisco. En principio, la disposición que permite declarar exportaciones con hasta un año de anticipación sería modificada para bajar ese plazo a seis meses.

Ante los ruralistas, Campos volvió a reconocer que las intervenciones en los mercados agropecuarios terminaron generando una transferencia de recursos sin precedente hacia la industria y la exportación. Y dijo que ahora se buscará equilibrar la balanza.

Las medidas

TRIGO: la Secretaría de Agricultura prepara una resolución que obligará a los exportadores a transferir unas 5 millones de toneladas de trigo a la industria molinera, a un precio de no más de US$ 120 la tonelada.

Se liberará el mercado del cereal para que los productores puedan capitalizar la buena performance del grano en el exterior y se fijará un valor de referencia de alrededor de US$ 140 la tonelada.

CARNE: podría bajarse el peso mínimo exigido para la faena con el fin de asegurar una mayor provisión en el mercado interno.

MAIZ: para evitar abusos, bajarían de un año a seis meses el plazo de anticipación con el cual los exportadores pueden registrar las ventas externas.

Fuente: La Nación