El compromiso tiene como puntos centrales la eliminación del rígido corsé de los precios máximos para la hacienda en pie y la derivación de los controles a los valores de la media res en planta y de la carne en la góndola, donde se establece el precio final para el consumidor. Asimismo, permite la exportación de las categorías referidas a la vaca de conserva, no consumidas en el país, y determina medidas urgentes para el mediano y largo plazo.
No se trata del acuerdo ideal, puesto que implica concesiones de todas las partes involucradas. Sin embargo, constituye un avance respecto de la situación inicial, dada la variedad de entidades que lo firmaron, cada una con sus propios intereses.
Uno de los aspectos más destacables del acuerdo es que la cadena de ganados y carnes ha vuelto a funcionar en forma integrada. Incluso prevé que continúe haciéndolo a futuro para monitorear el desarrollo de los mercados, en función de la fuerte presión que ejerce el consumo. Se trata, en definitiva, de una condición necesaria para la normalización total de la ganadería, así como para el aprovechamiento de la oportunidad histórica que la creciente demanda mundial de productos primarios nos presenta como Nación.
Este favorable contexto, que debería ser motivo de satisfacción, paradójicamente se ha convertido en causa de preocupación. Y es que al incremento de la demanda externa se suma un desarrollo considerable de la demanda local de los productos básicos de la canasta familiar, como pan, leche y carne. Ese tironeo originado por la competencia entre ambos mercados, que en una economía libre se resolvería a través de la variable precio, con una política caracterizada por el intervencionismo como principal arma contra la inflación se resuelve mediante la regulación de los mercados.
No hace falta decir que esta realidad no nos gusta. La Sociedad Rural Argentina fue fundada sobre los principios del libre mercado, la desregulación y la apertura externa. Sin embargo, otro de sus principios característicos, el respeto irrestricto por las instituciones, nos obliga a aceptar esa realidad que no podemos cambiar y, por lo tanto, a buscar caminos para convivir con ella.
Procuramos encontrar, en el ámbito de la negociación, las mejores alternativas, conscientes de los estrechos límites que nos ofrecen. Ello no implica aceptar cualquier condición. Nuestra entidad tuvo enormes objeciones en cuanto a los mecanismos compensatorios como una solución integral a los problemas de los productores.
Pero, insistiendo en la necesidad de ejercer la defensa de los productores, consideramos insensato pedirles que renunciaran al resarcimiento del precio que les corresponde y del que fueron privados. Más allá de los mecanismos acordados, seguiremos trabajando para corregir las erráticas políticas que se implementaron en los últimos tiempos respecto de la actividad agropecuaria en nuestro país.
Pondremos especial atención en lo que ocurra con la ganadería, una actividad que supo alcanzar los niveles de excelencia más altos del mundo, pero que hoy lucha por su supervivencia. Por todo esto, quiero ser claro: elegimos el camino del diálogo, y lo llevaremos hasta las últimas instancias. Pero las políticas acordadas estos días deben implementarse correctamente y arrojar resultados concretos. En caso de que no aparezcan o demoren más de la cuenta, no nos quedaremos de brazos cruzados ante la agonía de la ganadería.El autor es presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA).
Fuente: La Nación