El Gobierno de la provincia de Buenos Aires, multó a unas 70 empresas que incumplieron con la recolección de envases vacíos de agroquimicos. La normativa se rige por la Ley Nacional 27.279, sancionada en 2016. "Es la primera vez que se notifica y sanciona a empresas fabricantes e importadoras de fitosanitarios en el territorio nacional", aseguraron desde el organismo gubernamental.

Para cumplir con la normativa, las empresas deben formular un plan de gestión integral de los envases, que incluye la construcción y administración de Centros de Almacenamiento Transitorio (CAT), donde se deben recepcionar los envases vacíos de fitosanitarios.

A las empresas que adhirieron al sistema de gestión e incumplieron reiteradamente los cronogramas y compromisos, se suman otras 200 firmas pequeñas y medianas, sobre todo fabricantes e importadoras de productos agroquímicos, según expresaron desde el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS).

“Las multas se notificaron la semana pasada y el valor lo establece la Ley Nacional que equivalen a 1.000 sueldos básicos”, remarcaron desde la administración bonaerense un funcionario respecto al monto que las empresas deberán abonar al Estado.

El OPDS, es quien tiene a cargo el control estatal sobre las empresas en la provincia de Buenos Aires y el encargado de multar si observa irregularidades.

Sin embargo, desde la Asociación Campo Limpio, la entidad que representa a las empresas y es la encargada de reciclar los envases con la puesta en marcha de los famosos Centros de Almacenamientos Transitorios(CAT), aseguran que las sanciones no tienen sustento.

El sitio de noticias ABC Rural intentó acceder a la palabra del director ejecutivo de Campo Limpio, Ignacio Stegmann. Si bien no fue posible, precisan que obedeció a cuestiones de agenda, desde la entidad explicaron que las sanciones impuestas “carecen de fundamento y estarán siendo apeladas”.

Desde el sector empresario, aseguran que “creen profundamente en el diálogo” y apuestan a la construcción conjunta para implementar este sistema. Admiten que su compromiso es seguir trabajando con las autoridades provinciales y nacionales para avanzar en la consolidación del sistema.

Existen ejemplos en países limítrofes, como Brasil, que cuentan con un sistema de gestión de envases vacíos, que es un modelo a nivel mundial y demandó más de 20 años de trabajo conjunto y articulado con todos los actores de la cadena poder desarrollarlo.

La Ley Nacional N.° 27.279 es la única ley del país de “Responsabilidad Extendida del Productor”. Obliga a las empresas que venden productos fitosanitarios a organizar, operar, mantener y financiar un sistema de gestión integral de envases.

“Vamos a continuar trabajando y dialogando con OPDS para seguir fortaleciendo el Sistema de gestión integral para recuperar cada día más envases y así cuidar nuestro ambiente”, diagnosticó una fuente empresaria a nuestro medio. Sin embargo, es clave el trabajo en equipo con OPDS y demás autoridades gubernamentales como lo han demostrado otros países cuyos sistemas son exitosos.

Según datos del propio Gobierno provincial, las multas aplicadas a estas empresas ascienden a 780 millones de pesos. Se trata de una multa millonaria que es justificada por el Estado, mediante un argumento que, según las empresas, “no tiene sustento”.

Desde el Gobierno, admiten que solo se recuperó el 8% de los envases en 2020. Siendo que las fábricas comercializaron un poco más de 13 millones de envases de plástico (y otros materiales) en el sector productivo agropecuario de la provincia de Buenos Aires.

“Los restos de producto que contienen esos recipientes los hacen peligrosos para la salud humana y el ambiente. Cuando no se gestionan adecuadamente, esos envases son enterrados, quemados a cielo abierto, arrojados en basurales destinados a residuos urbanos o en cualquier sitio”, sostuvieron desde el OPDS.

Cabe mencionar, que existen regiones donde los recipientes son vendidos ilegalmente a acopiadores no habilitados y terminan así en circuitos de reciclado de plásticos comunes, lo que genera presencia de agroquímicos en productos elaborados con plástico reciclado como vasos, cubiertos descartables o juguetes.