Desde el Ministerio de Economía confirmaron que la polémica Resolución 125/2008 que desató 128 días de conflicto entre el Gobierno y el campo sigue vigente, incluidas las últimas modificaciones anunciadas por el jefe de Gabinete, Alberto Fernández.
Luego del rechazo del Senado, con el desempate del vicepresidente Julio Cobos, al proyecto oficialista que ratificaba la norma, desde sectores de la oposición comenzaron a exigir la derogación de la 125. Al ser una medida ministerial (lleva la firma del ex ministro de Economía, Martín Lousteau) sólo el Poder Ejecutivo (Cristina Fernández de Kirchner) tiene la facultad para dejarla sin efecto.
El 30 de mayo pasado, luego que se multiplicaron por todo el país las protestas del campo encabezadas por las cuatro entidades rurales (SRA, CRA, Coninagro, FAA), el Gobierno realizó modificaciones a la resolución original, que al día de hoy son las que rigen para la exportación de soja, trigo, maíz y girasol. Los monotributistas que produzcan hasta 30 hectáreas mantienen la posibilidad de acceder al reintegro o bonificación.
El proyecto sancionado por la Cámara de Diputados, que ratifica el régimen de retenciones móviles y que resultó rechazado por el Senado, no podrá ser debatido nuevamente este año por el Congreso bajo este mismo título, según establece la Constitución Nacional.
En su artículo 81, la Carta Magna sostiene que "ningún proyecto de ley desechado totalmente por una de las cámaras podrá repetirse en las sesiones de aquel año".
Tampoco, el Congreso podrá debatir el proyecto impulsado por la oposición que pedía derogar la resolución 125 del Ministerio de Economía del 11 de marzo pasado.
Otro proyecto
Después del rechazo del Senado nacional a las retenciones móviles impuestas por el Poder Ejecutivo, el constitucionalista Daniel Sabsay opinó que "la resolución 125 perdió todo tipo de legitimidad", aunque aclaró que "otro proyecto puede tratarse este año, pero debe tener origen en Diputados".
El abogado explicó que "las retenciones son impuestos que deben ser creados por el Congreso, no pueden ser delegadas en el Ejecutivo, algo que la Corte Suprema ya había dicho en 2003". Además señaló que el procedimiento "para que un tributo sea constitucional es que tiene que ser creado y modificado por ley".
"El proyecto -remarcó el letrado- estaba mal formulado desde el principio, ya que el Congreso no puede ratificar una resolución del Poder Ejecutivo". Con este panorama, el Gobierno debería dejar sin efecto dicha resolución, "porque no tiene viabilidad. Ya había pronunciamientos de jueces que decían que la decisión era inconstitucional", explicó.
Consultado por el canal C5N por el futuro de la iniciativa kirchnerista, Sabsay sentenció que "sería abiertamente inconstitucional que el Gobierno emita otra resolución", aunque dejó abierta la posibilidad a la presentación de un nuevo proyecto, que origine otra discusión parlamentaria.
Fuente: Críticadigital