El proyecto, presentado por el senador por Misiones Eduardo Torres, propone además que se introduzca una reforma en la Ley vigente para que las nuevas plantaciones de especies maderas nativas o exóticas cumplan con los requisitos establecidos en la Ley 26.331 la ley Bonasso de protección de bosques nativos.

Las modificaciones introducidas en el artículo 4º de la Ley se basan, según el autor del proyecto, "en la inequidad en el tratamiento de aquellas Provincias que poseen formaciones vegetales de bosques nativos y la penalización de la actividad en torno a bosques cultivados sin importar la calidad de los mismos y las estrategias generales de conservación y manejo que estas realicen".

Desde la fundación ecologista Greenpeace, Hernán Giardini aplaudió la propuesta del senador del Frente para la Victoria. "Está muy bien que se proponga que para acceder a los beneficios de la Ley 25.080 al momento de realizar nuevas plantaciones se deba cumplir también con lo dispuesto en la Ley de bosques", destacó el coordinador de biodiversidad en diálogo con El Enfiteuta.

"Muchos empresarios deforestaban un bosque nativo para replantar árboles exóticos y así poder acceder a las exenciones y beneficios que establece la Ley", comentó Giardini, "de esa manera no sólo se alteraba el ecosistema de la región sino que además el Estado terminaba, sin quererlo, financiando la deforestación de bosques nativos, y su reemplazo por plantaciones exóticas".

Según el coordinador, "el objetivo de estas prácticas era plantar árboles exóticos de crecimiento más rápido para abastecer el mercado maderero y la industria de papel celulosa. El eucalipto, por ejemplo, tarda diez años en alcanzar un estado óptimo para la tala, menos de la mitad que el promedio de los árboles autóctonos".

La directora nacional de Forestación de la SAGPyA, Mirta Larrieu, en tanto, destacó que "la aprobación de esta prórroga resulta fundamental para fomentar el crecimiento y desarrollo del sector forestal desde la producción primaria hasta la industrialización".

La SAGPyA informó a través de un comunicado de prensa que la actividad forestal genera "alrededor de 42 mil empleos rurales y 30 mil empleos industriales en primera transformación; que cerca de 15 mil productores accedieron a los beneficios de esta ley; y que se otorgaron Aportes No Reintegrables para unas 370 mil hectáreas de forestación.

Las plantaciones realizadas por la ley 25.080 generarán, según estimaciones de la cartera agrícola, "ventas de madera por 2,7 mil millones de dólares en rollos y 18 mil millones de dólares en las ventas de madera industrializada en primera transformación".

En los fundamentos, el legislador K destacó que "el sector forestal en su fase industrial y comercial, cobró un dinamismo inusitado a partir del cual la producción de todos los derivados de la madera se incrementó y las exportaciones lo hicieron incluso en mayor cuantía. Sin embargo, el sector primario no ha logrado acompañar ese crecimiento y en la actualidad el proceso, en términos netos, es negativo. Es decir, que se extrae más madera de la que se implanta".

Torres justificó su pedido de prórroga al considerar que "en los primeros periodos de la ley (se sancionó en 1999) el ritmo de implantación respondió dinámicamente al incentivo pero, a nadie escapa que poco tiempo después Argentina se vio sumida en una de las peores crisis económicas de su historia, lo que implicó no sólo un freno del flujo de las inversiones en este sector, sino también problemas financieros del Gobierno Nacional que impidieron el normal funcionamiento de este régimen de promoción".

El objetivo de dicha ley ha sido fomentar el crecimiento y desarrollo del sector forestal, desde la producción primaria hasta la industrialización. Para lo cual, se establecieron una serie de incentivos fiscales y monetarios, como estabilidad fiscal, devolución anticipada del IVA y apoyo económico no reintegrable, entre otros, para la implantación de bosques cultivados o enriquecimiento de bosques nativos.

En relación a la asignación de los fondos no reintegrable, el senador misionero explicó que "las inversiones realizadas en 2000 y 2002 fueron reintegradas con fuertes retrasos, lo que llevó a la desconfianza en el régimen y a la fuerte reducción de la cantidad de nuevos proyectos y, consecuentemente, de la superficie aprobadas hasta 2003".

"Los pequeños productores que presentaron proyectos de forestación han sido los principales perjudicados por los atrasos en los desembolsos, ya que no pudieron hacer frente a los compromisos financieros asumidos a cuenta de los aportes no reembolsables que recibirían", destacó Torres, "y aquellos que pretendían incorporarse al sistema, desistieron al observar los problemas que surgían en la implementación efectiva de la Ley", agregó.

Fuente: El Enfitetuta