En la tercer sesión de prorroga del 127 periodo legislativo, el proyecto que declara que la venta o salida de rollizos y chips de madera, destinado a la exportación como materia prima para empresas fabricantes de pasta celulosita que generan residuos contaminantes, lesiona los derechos de los ciudadanos entrerrianos pasó a la Cámara de Senadores para su sanción definitiva.

La iniciativa fue defendida por el autor del proyecto Osvaldo Fernández (UCR, Gualeguaychú): "logramos que tenga la aprobación unánime y ahora le expectativa es que el proyecto sea tratado rápidamente por el senado, para que sea sancionado como ley y luego promulgado por el Poder Ejecutivo provincial" expresó.

Además explicó que "fuimos explícitos en los fundamentos Constitucionales, legales y en los objetivos y no hay ninguna duda que es sólido y reconoce como antecedente las leyes que declaran a la provincia libre de plantas de celulosa con proceso químicos y de represas".

El legislador explicó que "trabajamos con este proyecto en defensa de los derechos ambientales de los entrerrianos, que tiene protección de la Constitución nacional y provincial y en base al artículo 124 de la Constitución, que dice que los recursos naturales son el dominio de la provincia, por lo que esta legislatura puede legislar en esta metería".

Asimismo afirmó que "esto es un primer paso y demandará de un segundo paso que es la sanción de una Ley nacional, que limite la exportación de materia prima a Mëtsa-Botnia".

La otra postura

Si bien el bloque Integración acompañó la iniciativa, el diputado Oscar Grilli (Uruguay), explicó a esta agencia que "desde el bloque apoyamos el proyecto de país ambiental y no productivita, no nos interesa que se contamine un sector, sino que no se contamine el planeta".

Para el diputado la iniciativa "es discriminativa, porque únicamente se limita la exportación a las fábricas de Uruguay y no dice nada de las exportaciones a Chile o a otros países donde hay otras tantas fábricas, inclusive a nuestras propias provincias".

Además señaló que "si se le suma un valor agregado a toda la madera se fomenta el modelo de seguir sembrando el mono cultivo que es el eucalipto y esto evidencia que no hay una defensa de un sector ambiental, sino que hay una actitud en defensa del territorio".

Para el diputado "esta norma hará que haya una lluvia de amparos, por lo que la Justicia fallará a favor de la gente que transporte mercadería, porque en realidad el rollizo no contamina a nadie, sino tendríamos que parar todas las substancias que en algún momento contaminan y habría que incluir la soja, porque con sus agroquímicos y pesticidas se contamina".

Según el legislador "habrá una lluvia de amparos los que, evidentemente, se perderán todos y los jueces lo declararán inconstitucional, en realidad se debería haber realizado un proyecto de resolución solicitando a la ciudadanía que no consuma estos productos que son contaminantes".

Además dijo que el proyecto "fue un pedido de la Asamblea al que los bloques mayoritarios accedieron, pero en realidad se debería haber debatido más", y continuó: "acá tendríamos que debatir qué modelo de país queremos, porque hoy de acuerdo a la conveniencia se toma uno u otro modelo, hasta ahora solo se hacen parches que tapan el bosque pero no dan una solución de fondo".

Inconstitucional

La Asociación Forestal Argentina (AFOA) y el Consejo de Productores del Delta criticaron con dureza la iniciativa entrerriana. Así, aseguraron que "hay preocupación y oposición total de los empresarios foresto-industriales de todo el país", y advirtieron que "además de perjudicar el desarrollo de la cuenca forestal, viola el artículo 126 de la Constitución" que establece que "las provincias no ejercen el poder delegado a la Nación. No pueden celebrar tratados parciales de carácter político, ni expedir leyes sobre comercio".

Finalmente, adelantaron que productores, industriales y comerciantes tienen previsto pedirle a los gobiernos de Corrientes y Misiones que intercedan ante Entre Ríos para que tal medida no se implemente.