La Cámara de Diputados de Entre Ríos aprobó las modificaciones a la actual Ley de Conservación de Suelos Nº 8.318. Los cambios recibieron el apoyo de todos los bloques.
En la defensa del proyecto oficial, el miembro informante de la mayoría justicialista, Julio Aldáz, aseguró que no se trata de "encorsetar a nadie" al incorporar el Registro Único de Propietarios y Productores Agrícolas de Entre Ríos y el Derecho de Uso de Tierras Cultivables.
"Somos la primera provincia en hacerlo, hemos tenido pedido de copias de los gobiernos de la Región Centro, que estaban buscando mecanismo parecidos. Es mucho más lo que se extrae de nuestro suelo que lo que se lo mantiene" fundamentó el legislador.
Las modificaciones, de ser aprobadas finalmente, establecerán límites para los pooles de siembra que tienen domicilio legal de la empresa fuera de la provincia de Entre Ríos, al gravar la actividad con una tasa del 3 por ciento sobre el grano comercializado.
El proyecto crea también un fondo para apoyar al sector agrícola, fijando la obligatoriedad de concretar prácticas de conservación de suelo y rotación de cultivo para garantizar una agricultura sustentable.
En este punto, se hace extensivo aplicado en forma progresiva- el derecho del 3 por ciento a los productores entrerrianos que no cumplan con la ejecución de prácticas de conservación de suelo.
Financiación del BID
En la misma sesión se dio media sanción también, al proyecto de Ley por el cual se autoriza al Ejecutivo entrerriano a contratar un préstamo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), con la garantía del Estado Nacional, por 100 millones de dólares, para financiar la ejecución del "Programa Multifase de Desarrollo de la Infraestructura de Apoyo a la Producción de Entre Ríos".
La aprobación del crédito de 100 millones de dólares obtuvo media sanción por parte de la mayoría justicialista, ya que el bloque radical realizó objeciones al proyecto, y votó en forma negativa.
La inversión está destinada a la infraestructura vial, energética y al desarrollo del sistema portuario, en apoyo a las actividades productivas. También se prevé el fortalecimiento institucional para aumentar la competitividad de la producción, como consecuencia de una mayor interconectividad regional y la disponibilidad de energía eléctrica en áreas de expansión agroindustrial.
"Es un crédito importante", afirmó Aldáz y detalló que será a 25 años, con 5 años de gracia sobre la amortización de capitales en donde sólo se pagan intereses con una tasa internacional "sumamente accesible" y con un pequeño porcentaje adicional del costo de administración pero que hacen que sea un crédito necesario.
Emilio Ruberto - Campo en Acción